Estudios e investigaciones
DOI: 10.11600/rlcsnj.23.2.6650
Vulneraciones de derechos en jóvenes extutelados de Colombia*
Rights violations in young people who have been released from care in Colombia
Violações de direitos em jovens que foram liberados de cuidados na Colômbia
Camilo Noreña-Herrera Ph. D.1 0000-0002-5671-8463
Iván Felipe Muñoz-Echeverri Ph. D.2 0000-0003-3658-432x
Valentina Pérez-Bedoya3 0009-0009-1472-5161
1
Universidad
de Antioquia, Colombia. Doctor en Salud Pública, Grupo de Investigación en Gestión y Políticas de Salud,
Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. 0000-0002-5671-8463.
H5: 8. Correo electrónico: camilo.norena@udea.edu.co
2 Universidad de Antioquia, Colombia. Doctor en Salud Pública,
Grupo de Investigación en
Gestión y Políticas de Salud, Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad
de Antioquia. 0000-0003-3658-432x. H5: 7. Correo electrónico: ivan.munoz@udea.edu.co
3 Universidad de Antioquia, Colombia. Estudiante de Ciencia
Política y joven investigadora, Grupo de Investigación en Gestión y Políticas
de Salud, Facultad
Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia. Orcid:
0009-0009-1472-5161.
H5: 0. Correo electrónico: valentina.perezb@udea.edu.co
Recibido: 07.06.2024 Aceptado: 02.12.2024 Publicado: 08.04.2025
Resumen (analítico)
Las juventudes extuteladas
requieren ser reconocidas en las políticas estatales y, en Colombia, el
conocimiento de sus condiciones y ex-periencias de
vida es limitado. Al salir de los programas, esta población puede experimentar
nuevas vulneraciones de derechos. El objetivo es comprender las situaciones de
amenaza y vulneración de derechos que experimentan las juventudes extuteladas del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en
Colombia. Se desarrolló una investigación acción participativa juvenil. Se
realizaron talleres y entrevistas con jóvenes y profesionales del sistema y una
encuesta a 135 jóvenes egresados. Se encontró que el 59% de las juventudes extuteladas experimentan estigmatización, discriminación,
violencias, el desarraigo del territorio y la vida en calle. En conclusión, la
integridad física, mental y moral de las juventudes extuteladas
es socavada y requiere atención del Estado colombiano.
Palabras clave: Bienestar
social; bienestar de la infancia; derechos de grupos especiales; joven
desfavorecido; cuidado del niño; condiciones de vida. Tesauro de Ciencias
Sociales de la Unesco.
Abstract (analytical)
Juveniles
in exile need to be recognized
in state policies and, in Colombia,
knowledge of their conditions and life experiences is limited. When leaving
the programs, this population may experience new rights violations. The objective is
to understand the situations of threat and violation of rights experienced by young people in the National Family
Welfare System in Colombia.
Youth participatory action research was developed, workshops and
interviews were conducted with young people
and professionals of the system and a survey of 135 young graduates was carried out.
It was found
that 59% of the young people who
had been exempted from the
system experienced stigmatization, discrimination, violence, uprooting from the territory
and life on the streets. In conclusion, the physical, mental and moral integrity of young people in exile is undermined and requires attention from the Colombian state.
Keywords: Social
welfare; child protection; rights of special groups; socially disadvantaged youth; child care; living conditions.
Resumo
(analítico)
Os jovens
extraditados precisam ser reconhecidos
nas políticas estatais e, na Colômbia, o conhecimento de suas condições e experiências de vida
é limitado. Ao sair dos
programas, essa população
pode sofrer novas violações
de direitos. O objetivo é compreender
as situações de ameaça e violação de direitos vivenciadas
pelos jovens no Sistema Nacional de Bem-Estar Familiar na Colômbia. Desenvolveu-se uma pesquisa-ação participativa com jovens, realizaram-se
oficinas e entrevistas com jovens
e profissionais do sistema e realizou-se
uma pesquisa com 135 jovens formados. Consta-touse que
59% dos jovens que haviam
sido dispensados do sistema sofreram estigmatização, discriminação, violência, expulsão do território e vida nas ruas. Em conclusão, a integridade física, mental e moral dos jovens
exilados está sendo prejudicada
e requer atenção do Estado
colombiano.
Palavras-chave: Bem-estar social; bem-estar
infantil; direitos de grupos especiais;
jovens carentes; cuidados infantis;
condições de vida.
Introducción
Las amenazas y vulneraciones de
derechos en la niñez y en la adolescencia tienen un impacto a lo largo de sus
vidas. Los efectos pueden ser físicos,
psicológicos, conductuales e intergeneracionales, y su gravedad depende de la
detección temprana y de la calidad de la intervención profesional recibida (Hamai & Felitti, 2022; Novais et al.,
2021).
A nivel mundial, los sistemas de
protección de la niñez y la adolescencia son la respuesta de los Estados a las
exigencias planteadas en la Convención sobre los Derechos del
Niño (Naciones Unidas, 1989). Esta implica la obligación
de formular e implementar políticas integrales para la protección contra toda
forma de riesgo, abuso o violencia que afecta
la dignidad de las niñas, niños y adolescentes (Berrick
et al., 2023).
Además, la convención plantea que,
de presentarse situaciones de riesgo, abuso o violencia en la vida de las
niñas, niños y adolescentes en el marco de la corresponsabilidad con la
sociedad y la familia, los Estados deben realizar la identificación,
la notificación y la remisión a una
institución para la protección integral. Lo que
incluye también el compromiso de un seguimiento durante la transición de
retorno a su familia de origen o en el desarrollo de su vida independiente (Berrick et al.,
2023; Naciones Unidas, 1989).
El Oxford
handbook of child protection systems (2023)
refiere que,
según su fase de desarrollo, estos sistemas pueden clasificarse
como institucionalizados, emergentes e incipientes; y según su enfoque
de atención pueden ser: centrado en los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, centrado en los padres, centrado en el núcleo familiar o con enfoques
mixtos que combinan los tres anteriores.
Los sistemas de protección de
países latinoamericanos como Brasil, México, Colombia, Ecuador y Argentina
fueron clasificados como sistemas de
protección con un desarrollo incipiente; lo anterior debido a que,
aunque cuentan con una legislación que
respalda la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, no
cuentan con los recursos financieros u
organizativos necesarios para aplicar, de manera sistemática, programas que
aborden los objetivos de la convención y de los sistemas o se encuentran en una
fase de temprana de implementación (Berrick et
al., 2023).
La protección de la niñez y
la adolescencia en Colombia
El Estado colombiano reconoce en
su marco normativo las amenazas y vulneraciones a los derechos de niñas, niños
y jóvenes como un problema público y una afectación a su dignidad debido al
impacto para su vida actual y futura. De tal manera, lo incluye en las agendas
programáticas nacionales, departamentales y municipales (Congreso de la
República, 2006; República de Colombia, 1991; Noreña-Herrera &
Muñoz-Echeverri, 2023; Serna-Rendón et al.,
2022).
Históricamente, en el sistema
han convergido perspectivas de intervención desde la filantropía,
la moralidad, el control social y la equidad; así
mismo, ha presentado rezagos en sus estrategias de protección según la etnia,
el área de residencia y las características del hogar de los niños, niñas y
adolescentes protegidos por el sistema (Torrado & Durán Strauch,
2023).
En la actualidad, Colombia
cuenta con un Sistema Nacional de Bienestar Familiar (en adelante, SNBF), cuyo
enfoque de atención es mixto,
centrado en los derechos de los niños, las niñas y adolescentes, así como en el
núcleo familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante,
ICBF) tiene la rectoría del sistema. Este cuenta con cuatro programas de
protección: adopciones, restablecimiento de derechos, responsabilidad penal y
Proyecto Sueños. Cada uno de estos cuenta con modalidades y submodalidades
de intervención, así como con programas especializados de atención (Congreso de
la República, 2006; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2021).
En la figura
1 se presentan las modalidades del programa de protección de restablecimiento
de derechos por amenazas y vulneraciones, debido a que
fue en el que estuvieron las y los jóvenes
participantes de este estudio. El ingreso al programa de protección lo define
una autoridad administrativa, la cual fundamenta su decisión en una valoración
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes realizada por un equipo
interdisciplinario. A partir de este momento inicia la apertura de un proceso
administrativo de restablecimiento de derechos (en adelante, PARD). El tiempo
máximo definido para la estancia en los
programas especializados es de dieciocho meses. Finalizado este tiempo, la
autoridad administrativa toma una medida definitiva
para el caso, la cual puede ser el reintegro a la red familiar o la declaración
de adoptabilidad (Congreso de la República, 2006; ICBF, 2021).
Figura 1 Estructura
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y especificidad de la población participante en este
estudio
El
modelo de atención del programa de restablecimiento de derechos se define como un proceso de egreso
progresivo para
preparar y favorecer la transición de retorno a la familia o hacia un proyecto
de vida autónoma e independiente. Esto, con el propósito de «evitar una ruptura
abrupta que
pueda devenir en retrocesos y, por ende, en reingreso al Programa de
Protección» (ICBF, 2021, p. 37).
¿Cómo es la situación de vida de las y los jóvenes extutelados después de salir de los sistemas de protección?
Las
investigaciones sobre jóvenes extutelados evidencian
dos hitos clave después de salir del sistema de protección que deben ser analizados. El primero es
el periodo de transición que abarca hasta dos años después de la salida del sistema
de protección; los y las jóvenes pueden tener edades entre 14 y 24 años (Martín
et al.,
2023). En algunos países, cuando se egresa del sistema siendo menor de edad (18
años en Colombia), puede ser nuevamente tutelado por el Estado en caso de una
nueva amenaza o vulneración de derechos (Parada et
al., 2023; Suazo et
al., 2020; Torrado
& Durán-Strauch, 2023). El segundo hito se da
cuando han transcurrido más de dos años desde el último contacto con el sistema
de protección y los y las jóvenes tienen más de 25 años. En este momento se
espera la consolidación del proyecto de vida de las y los jóvenes, así como la
posibilidad de una vida autónoma e independiente (Martín et
al., 2023).
La
literatura científica documenta que la salida exitosa del sistema de protección es
afectada por la autonomía restringida que tienen las y los jóvenes al interior de los programas,
el tiempo de estancia, la corresponsabilidad que asume la familia, la edad de egreso
y una dependencia estatal en cuanto a la existencia de políticas y programas
estatales de acompañamiento durante el periodo de transición (Bernal-Romero et
al., 2022; De-Juanas et
al., 2022; Díaz-Esterri et al., 2021; Favero,
2019; Medan, 2014).
En
consideración con lo anterior, agencias e investigadores a nivel mundial
plantean que
es necesario indagar por las condiciones de vida y protección integral de los
derechos de las y los jóvenes extutelados por el
Estado (Bernal-Romero et al., 2022; Berrick
et al.,
2023; Favero, 2019; Novais et
al., 2021). El
interés se debe a que estos jóvenes suelen estar excluidos socialmente
debido a la ausencia de políticas de inclusión social que impacten sus condiciones de vida;
por lo general, estas son de pobreza económica y material, especialmente en
cuanto a la vivienda, de bajos niveles educativos y de formación para el
trabajo, de maternidad y paternidad no planeada, de baja corresponsabilidad
familiar, con altas tasas de desempleo y subempleo, de formación escolar
inconclusa y de problemáticas de salud mental, incluido el uso, el abuso y la
dependencia a las sustancias psicoactivas (Bernal-Romero et
al., 2022; Heerde et al., 2018; Incarnato,
2018; Peters et al., 2016; Sevillano-Monje et
al., 2021; Storø et al., 2019); procesos estructurales que poco abordan los sistemas de
protección de las infancias (Berrick et
al., 2023).
De
este modo, surge la pregunta de investigación: ¿cuáles situaciones de amenaza y
vulneración de derechos se presentan en las y los jóvenes extutelados
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar en Colombia? Esta pregunta cobra
relevancia dado que, según Bernal-Romero et al. (2022) y Escobar (2020), en Colombia,
el ICBF como entidad responsable no realiza un seguimiento a las niñas, niños y
jóvenes que
egresan del programa de restablecimiento de derechos, lo que impide conocer su situación actual.
Este estudio se enfocó en jóvenes extutelados del
programa de protección en el departamento de Antioquia, en la modalidad de protección
estatal diferente a la familia de origen en internados y casas hogares (ICBF,
2021).
De
manera específica,
la pregunta por las y los jóvenes extutelados en
Antioquia
obedeció a una demanda e interés de generación de conocimiento por parte de las
y los mismos jóvenes, de los actores interesados y de los trabajadores del
sistema colombiano de bienestar familiar a nivel nacional y departamental. Fue
una oportunidad para desarrollar un trabajo de investigación participativo
mediante coaliciones de actores e instituciones y de jóvenes e investigadores,
el cual puede contribuir a amplificar las demandas y resaltar las potencialidades de las
juventudes y sus esfuerzos por la justicia social (Teixeira et
al., 2021).
Metodología
Este estudio pertenece a la
corriente de los métodos participativos de investigación, y en él convergieron
tres de sus enfoques: la
investigación acción participativa clásica latinoamericana (Fals-Borda &
Rahman, 1991), la investigación participativa basada en la comunidad
(Wallerstein et al.,
2017) y la investigación participativa juvenil norteamericana (Cammarota & Fine, 2010) que,
por su novedad, se expone a mayor detalle.
De acuerdo con Cammarota y Fine (2010), este enfoque
estudia los problemas sociales que afectan
la vida de las juventudes, incluyendo su participación para el desarrollo de
acciones para transformar y superar tales problemas. Esta perspectiva reconoce
el poder de los procesos investigativos cuando desafían
los sistemas de opresión y están vinculados con cambios sociales
(Richards-Schuster, 2010).
Ante la pregunta ¿cómo puede ser
producido el conocimiento sobre la realidad de las juventudes de Antioquia
(Colombia) que estuvieron en los programas
de protección de restablecimiento de derechos del Sistema Nacional de Bienestar
Familiar?, la respuesta fue el desarrollo de un proceso de investigación acción
participativo e intergeneracional con las juventudes que
vivieron dicha experiencia; además, se incluyeron actores institucionales e
investigadores interesados por contribuir a la generación de conocimiento
científico y a la formulación e
implementación de estrategias para la promoción de una vida digna para las
juventudes.
Por lo anterior, este trabajo se
definió como una investigación
acción participativa juvenil direccionada por dos coaliciones
de actores (partnerships,
en inglés; Wallerstein et al.,
2017): una con jóvenes extutelados de programas de
protección del Estado y otra con actores institucionales vinculados a dichos
programas y las instituciones gubernamentales de direccionamiento del SNBF
municipales y departamentales. Estas coaliciones, junto con los investigadores,
direccionaron el desarrollo de la presente investigación.
Población participante
La
población participante fue: a) jóvenes egresados de programas de
restablecimiento de derechos de Antioquia de la modalidad en medio
diferente a la familia de origen; b) trabajadores de los programas de
protección ubicados en Antioquia con una experiencia de
trabajo en el sistema colombiano entre 5 y 20 años.
Técnicas de recolección de información
Se
utilizaron tres técnicas participativas de recolección de información:
encuesta, grupos participativos de discusión y entrevistas conversacionales con
jóvenes egresados y profesionales del sistema.
La
encuesta se realizó sobre las condiciones de vida de las y los jóvenes; sus
preguntas se basaron en la encuesta nacional de calidad de vida versión 2021
(Departamento Nacional de Estadística, 2021). Se diseñó una primera versión de
la encuesta que fue piloteada en una reunión
de la coalición juvenil para verificar y ajustarla según: a)
entendimiento de las preguntas; b) opciones de respuesta; c) no revictimización
de las preguntas; y d) tiempo de aplicación. Posteriormente, se generó un
formulario digital de Microsoft
Forms que
pudo ser autodiligenciado en un celular, en una
tableta o en una computadora. Un integrante del equipo
de investigación y de la coalición juvenil apoyó la resolución de dudas o
inconvenientes técnicos.
Para
la selección de los jóvenes participantes y dada su característica de población
oculta y de difícil acceso, se definió con la coalición interinstitucional la
realización de encuentros de egresados en cada una de las seis instituciones
participantes. Además, se utilizó el muestreo de bola de nieve, por lo que se promovió entre los participantes de los
encuentros de egresados el envío del cuestionario a otros jóvenes egresados de
protección (Martín-Crespo & Salamanca, 2007).
Los
criterios de inclusión para responder el cuestionario fueron: a) jóvenes extutelados de programas en medio diferente a la familia de
origen y que, al momento de responder el
cuestionario, la medida de restablecimiento de derechos estuviera cerrada; b)
tener entre 14 y 31 años; c) aceptar voluntariamente responder el cuestionario.
En total se obtuvieron 156 respuestas y se excluyeron 21 registros que no cumplieron los criterios de inclusión.
Los
grupos de discusión se efectuaron con los participantes de las coaliciones.
Esto permitió registrar las ideas, discursos y opiniones sobre el egreso de los
programas de protección y las experiencias posteriores, evidenciándose
discursos colectivos, disensos y contradicciones (Francés et al., 2015).
Para
profundizar en la comprensión del fenómeno de estudio se realizaron siete
entrevistas conversacionales (Fontana & Frey, 2015): cinco con jóvenes extutelados de protección y dos con profesionales con
experiencia mayor a cinco años en los programas de restablecimiento de
derechos.
Análisis de la información
Se
efectuó un análisis estadístico descriptivo de las encuestas utilizando
frecuencias y porcentajes para variables nominales, así como medidas de
tendencia central y de dispersión para variables continuas. No se llevaron a
cabo pruebas de hipótesis ni análisis multivariados.
El
análisis de las entrevistas y de las sistematizaciones de los grupos
participativos de discusión se realizó mediante análisis de contenido por
categorías temáticas (Bardin, 1991) y tuvo como guía
una matriz analítica predefinida a partir de los objetivos
del estudio.
En
un segundo momento, se triangularon los datos numéricos y textuales. Esto
permitió identificar relaciones, contradicciones
y complementariedad en los datos (Molina, 2020), así como generar un documento
analítico sobre el fenómeno de estudio que fue leído, discutido y
ajustado en dos sesiones de estudio con ambas coaliciones.
Reflexiones
éticas
Se
partió del principio de que el conocimiento sobre la vida
de las juventudes extuteladas de los programas de
protección no podría lograrse sin un ejercicio participativo que les incluyera en el proceso de manera voluntaria y
en coherencia con el Código
de Ética Médica de Nuremberg (Juicios
de Núremberg, 1947); esto es, sin engaños, intimidaciones, promesas o cualquier forma de coacción o amenaza que incidiera sobre la participación en la
investigación (OPS & Cioms, 2017).
Se
adoptaron los Principios
éticos para las investigaciones médicas con seres humanos (World
Medical Association, 1975) en cuanto a la protección
de la vida, la salud, la dignidad, la integridad, el derecho a la
autodeterminación, la intimidad y la confidencialidad de la información
personal de las y los jóvenes y actores interesados que participaron de la investigación.
En
ambas coaliciones se presentaron y discutieron posibles riesgos de la ejecución
del proyecto, las estrategias de cuidado previstas para su mitigación y se
socializaron los beneficios de este. Los acuerdos de
cuidado colectivo incluyeron la puntualidad y la escucha a los demás
integrantes. Se identificó el celular como un
distractor, por eso se propuso guardarlo durante los encuentros. Se reconoció
la importancia de los disensos al interior del grupo como una posibilidad de reflexión y aprendizaje para todos y todas.
Además, ante la existencia
de conflictos, se propuso que fueran tramitados
entre los implicados y, de ser necesario, con la mediación de algún integrante
del equipo investigador.
Este proyecto fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Investigación
de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia con clasificación de riesgo
superior al mínimo en diciembre de 2021.
Resultados
Características
sociodemográficas de las y los jóvenes
participantes
De los 135 encuestados, el
22.2% se autorreconoció en un grupo étnico: el 19.26%
como población afrodescendiente, mientras que
el 2.22% como indígena. El 62.22% no se identificó en ningún grupo étnico y el restante
no respondió. Respecto a la identidad de género, el 2.22% se reconoció como
transexual, el 0.74% no binario, el 68.15% mujeres y el 28.15% hombres. El 36.30%
indicó que hacía parte de la
comunidad LGBTIQ+. El 51.11% no terminó el PARD (tabla 1). Además, ellos y
ellas residen principalmente en el área metropolitana (88.2%), siendo Medellín
el municipio de mayor residencia (69.6%), seguido por Bello (11.9%).
Frecuencia
y magnitud de las amenazas y vulneraciones de derechos después de salir de los
programas
El 59.3% de las y los
jóvenes que estuvieron en
programas de protección vuelven a ser víctimas de vulneraciones de derechos
después de concluir el PARD. Según el autor-reconocimiento étnico, las amenazas
y vulneraciones de derechos se repiten con mayor frecuencia en las y los
jóvenes que se reconocen en un
grupo étnico, excepto en los raizales. Así, en las y los jóvenes indígenas fue
del 100% y en afrodescendientes del 73.08%. Además, 53% de las y los jóvenes que no se adscribieron
a ningún grupo étnico fueron nuevamente víctimas (tabla 1).
Referente a la identidad de
género, las amenazas y vulneraciones se presentan en el 100% de las y los
jóvenes que se reconocieron
como transexuales y no binarios. Entre las mujeres, 6 de cada 10 son nuevamente
víctimas y, entre los hombres, 5 de cada 10. El 69.39% de las y los jóvenes que se reconocieron
como población LGTBIQ+ fueron nuevamente víctimas de amenazas y vulneraciones
de derechos, frente al 52.94% de las y los jóvenes revictimizados que no hace parte de
la comunidad LGTBIQ+ (tabla 1).
Tabla 1 Distribución sociodemográfica de las y los
jóvenes participantes extutelados de programas de
protección, y de las amenazas y vulneraciones a sus derechos
Por
otro lado, en cuanto al tipo de culminación del PARD, cuatro de cada diez
jóvenes que
terminaron el proceso vuelven a ser víctimas, dato que asciende a casi 7 de cada 10 de las
y los jóvenes que
no terminaron tal proceso (69.57%) (tabla 1).
Tipos de amenazas y vulneraciones de derechos según las
características sociodemográficas
de los participantes
Entre
las y los jóvenes que fueron nuevamente víctimas se encontraron 11 tipos de
amenaza o vulneración de derechos. La más frecuente fue la discriminación y exclusión
social y laboral (25.19%), con mayor frecuencia en las y los jóvenes que se reconocieron como transexuales
(66.67%). En segundo lugar está el hambre (21.48%), la cual afecta
especialmente a quienes se autorreconocieron
como indígenas (66.67%) (tabla 2).
Tabla 2 Distribución
de las amenazas y vulneraciones de derechos después de salir de los programas
según las características sociodemográficas de las y los jóvenes
Se
identificaron diferencias en
las situaciones de revictimización según el género, de manera que en las mujeres son
más frecuentes las violencias intrafamiliares, sexuales y de pareja, mientras que en los hombres
prevalecen la vida en calle, el desplazamiento forzado y la amenaza de bandas
criminales (tabla 2).
Según
la terminación o no del proceso, todas las situaciones de amenazas y
vulneraciones de derechos, excepto la amenaza de bandas, fueron porcentualmente
mayores en las y los jóvenes que
no culminaron el PARD que
en aquellos jóvenes que sí lo culminaron
(tabla 2).
Discriminación y exclusión
social y laboral
Las
y los jóvenes manifestaron que
las situaciones de discriminación y exclusión social y laboral se presentan
después de compartir con otras personas sus historias de vida; debido a esto,
evitan hacerlo. Consideran que
en la sociedad existen ideas negativas sobre las juventudes que viven o vivieron
en instituciones del ICBF, lo que
perpetúa situaciones discriminatorias:
Pero
uno les dice [que
estuvo en protección del ICBF], ¿es qué
era muy plaga?, o ¿por qué?
¿Es que usted qué es pues?, ¿por qué estuvo allá? La
gente piensa lo peor; no piensa que
estuvieras allá por vulneración de derechos, porque tuviste un problema, sino que la gente piensa en
otras cosas, en consumo o que
yo no tenía familia. Pues no, eso no es así. (EA-J_ 080622)
Para
los actores institucionales, la discriminación social se agrava porque el sistema social,
educativo y laboral no está preparado para acoger a las juventudes que han pasado por
PARD. Así, es limitada la oferta laboral y educativa que se acople a sus
necesidades y, más bien, deben hacerlo a las opciones disponibles, para lo cual
pocos están listos.
Afectaciones en la salud mental
El
21.48% de las juventudes, nuevamente víctimas, refirieron presentar algún problema en su
salud mental después de salir de los programas de restablecimiento de derechos
(tabla 2). Entre los síntomas más comunes se encuentran: ansiedad, estrés,
soledad, conductas y comportamientos desafiantes,
ideación suicida, depresión, autolesiones, altibajos emocionales, consumos
problemáticos de drogas y conflictos
familiares.
Según
los participantes, concluir el PARD no garantiza que se hayan tramitado las afectaciones
emocionales que
motivaron el ingreso a protección. De hecho, denuncian el bajo acceso a
procesos terapéuticos psicosociales durante su estancia en programas de
atención, puesto que
este tipo de atención compete a una autoridad administrativa del SNBF
(generalmente, el defensor de familia), previa solicitud del equipo psicosocial del
programa; este procedimiento tarda tiempo y se hace efectivo en pocos casos.
Adicionalmente, luego del egreso institucional afrontan limitaciones para
acceder a programas de atención en salud mental debido a una limitada oferta
pública en sus ciudades de residencia: «Una vez terminado el proceso hacen
falta espacios de escucha» (CAI_211122).
A
pesar de esto, ellos y ellas reconocen la importancia de gozar de tranquilidad, calma y
felicidad como componentes de su salud; así mismo, valoran los espacios que promueven y cuidan
la salud mental. Por tal razón, aprecian los espacios de escucha a los que pueden acceder porque les brindan
oportunidades de orientación psicosocial para continuar con el trámite de las
difíciles situaciones en
sus experiencias de vida.
Hambre
Las
vivencias de hambre fueron reportadas por dos de cada diez jóvenes víctimas
(tabla 2). Estas son prolongadas o cortas, y están relacionadas,
principalmente, con la ausencia de recursos económicos personales y familiares.
La situación de hambre aumenta entre quienes
viven de manera autónoma e independiente de sus familias, porque los recursos
económicos que
se gestionan son destinados a la renta del lugar donde viven y el excedente, si
lo hay, se utiliza para la alimentación. Además, el 91.9% de ellas y ellos
reportó que no recibían algún
subsidio o bono alimentario gubernamental.
Situación
de vida en calle
Las
situaciones temporales de vida en calle se presentaron, en mayor frecuencia, en
las y los jóvenes que
no concluyeron el PARD o en quienes
tenían dependencia a las drogas o antecedentes de explotación sexual comercial.
Esta situación se debe a que, finalizado el PARD,
afrontan entornos barriales, familiares y sociales donde encuentran pares o
personas adultas que
promueven y facilitan el consumo o les inducen y captan para la explotación
sexual comercial. Estas situaciones terminan en largas estancias diurnas y
nocturnas en las calles. De igual forma, la vida en calle también sucede por
situaciones de precariedad económica y ausencia de vínculos familiares.
También
se encontró que
algunos jóvenes desarrollan alternancia entre la vida en calle y la vida
institucional, especialmente si son menores de 18 años, caracterizados por el
egreso irregular de los programas y su reingreso después de estar 2 o 3 días en
la calle. Según actores de la coalición institucional, esta situación ocurre
porque se acostumbra un
periodo de «gracia» de 72 horas donde pueden regresar a la institución si el o la joven se «entrega» a la policía de infancia y
adolescencia. Para algunos actores institucionales esta medida es un exceso de
asistencialismo, mientras que
para las y los jóvenes es acertada porque
durante el proceso se requieren
varias oportunidades, ya que
hasta no «tocar fondo», no emerge la voluntad de cambio.
Violencia
intrafamiliar
y de pareja
El 14.07% de los participantes
manifestaron haber sufrido violencia intrafamiliar y un 8.89% sufrieron
violencia de pareja concluido el PARD (tabla 2). Sobre la primera, aunque ellos y ellas no detallan las formas de agresión, dan
cuenta de elementos interrelacionados con las dinámicas disfuncionales en la
familia, como los escasos recursos económicos, consumo de sustancias
psicoactivas y asuntos traumáticos familiares desatendidos. El retorno de las
juventudes a sus hogares no garantiza un ambiente familiar adecuado. Con
frecuencia las condiciones de vulneración pueden persistir en el hogar,
poniendo en riesgo nuevamente a las juventudes.
Para los participantes de la
coalición institucional, las problemáticas al interior de las familias difícilmente pueden ser transformadas con un PARD fuera
de aquellas porque, según los lineamientos, se
prioriza la atención individual a el o la niña y son
limitadas las acciones preparatorias al egreso institucional y reintegro
familiar que se realizan con las familias.
Además, plantean que, en algunos casos, la
corresponsabilidad familiar es incipiente o nula en cuanto a la protección y
garantía de los derechos de sus hijos, hijas o familiares:
El caso de un joven que en el proceso de reintegración familiar salía de
la institución y llegaba a la casa, encontraba a toda su familia borracha y
consumiendo. Ese joven lo que hacía era regresarse para la
institución y pasaba su fin de semana en la institución.
Él identificaba que esa familia era un factor de riesgo para él.
(CAI_130622)
La violencia de pareja se
presenta especialmente en las mujeres (11.96%) que
conviven con parejas sexoafectivas estables o con parejas casuales. Con estas
últimas, se convive por necesidades económicas y de vivienda, reproduciendo
relaciones de poder que generan vulneraciones de
derechos.
Violencias
sexuales
Las violencias sexuales se
presentaron en el 10.4% de los participantes quienes
reportaron haber sido víctimas de alguna amenaza o vulneración de derechos
después de vivir bajo protección del Estado. La frecuencia es alta entre las y
los jóvenes indígenas (33.33%), en las mujeres (13.04%), en quienes se reconocen
como población LGTBIQ+ (16.33%) y en quienes
no terminaron el PARD (11.59%).
Se
identificaron el abuso y la
explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes como las violencias
sexuales más frecuentes. Algunas jóvenes reportan que muchas de sus
compañeras que
vivieron en protección han sido víctimas de modalidades digitales de
explotación sexual debido a la promesa de mayores ingresos económicos que ofrece la
industria webcam. Algunas jóvenes señalan que
sus compañeras son víctimas de esta situación por necesidades económicas,
situaciones de violencia intrafamiliar o contextos barriales que fomentan esta
problemática.
Porque la mayoría que yo conocía y que estaban conmigo en
la institución era por situaciones económicas y por maltrato o cosas así, o porque había violencia
intrafamiliar en la vivienda. Entonces, la mayoría cuando salen ven esa
necesidad [económica] en el hogar o no pueden tener lo que ellas quieren y pues toman
esos caminos [los del abuso y la explotación sexual comercial de niñas, niños y
adolescentes] (EAJ_080622)
Otro
hallazgo es que
algunos de las y los jóvenes que
egresan irregularmente de los programas intentan reingresar a estos como
«reclutadores» de otras jóvenes para la explotación sexual y promover su
evasión. Según actores de la coalición institucional, esta circunstancia puede
explicar por qué
algunos programas no permiten el reingreso institucional en los casos de
evasiones.
Amenazas de bandas
criminales, extorsión, reclutamiento y desplazamientos
forzados
Sobre
este tema poco se señaló durante los encuentros participativos con las
coaliciones, ni tampoco en las entrevistas con los actores institucionales y
con las y los jóvenes. Los hallazgos obedecen a las notas de campo del equipo investigador,
producto de conversaciones informales o de las vivencias y experiencias durante
el desarrollo del proyecto.
En
este orden de ideas, se identificó que las bandas
criminales presentes en los territorios donde residen las y los jóvenes generan
situaciones de amenaza, extorsión e intentos de reclutamiento, lo que fuerza el
desplazamiento intraurbano, en ocasiones con todo el grupo familiar.
Las
amenazas pueden ser directamente hacia las y los jóvenes o hacia algún
familiar, ante las negativas de las y los jóvenes a los intentos de
reclutamiento o «invitaciones», con fines
de explotación sexual o comisión de delitos como la extorsión. Según actores de
la coalición institucional, el Sistema Nacional de Bienestar Familiar no tiene
una respuesta cuando estas situaciones ocurren a mayores de edad.
Concurrencia
de amenazas y vulneraciones de derechos
Las amenazas y vulneraciones de
derechos que vivencian las y los jóvenes
después de salir de los programas de protección pueden sobreagregarse, es
decir, confluyen dos o más situaciones
simultáneas o en secuencia. Por ejemplo, una joven víctima de amenazas contra
su vida presentó luego estrés y ansiedad que le llevaron a intentos de
suicidio.
Según los datos recolectados, el
37.50% de las y las jóvenes víctimas padecieron tres o más vulneraciones de
derechos sobreagregadas. Esta magnitud de tres o más vulneraciones, según el
autorreconocimiento étnico, fue del 36.8% entre las y los jóvenes
afro-descendientes y del 33.3% en las y los indígenas. Entre las y los jóvenes
transexuales, esta magnitud ascendió al 66.67%. No hubo diferencias en la
magnitud porcentual en la vivencia de tres o más vulneraciones de derechos
entre quienes terminaron y no terminaron el PARD (tabla 3).
Tabla 3 Concurrencia
del número de amenazas y vulneraciones de derechos en las y los jóvenes después
de salir de los programas de protección según características sociodemográficas
Discusión
Este
estudio permite afirmar que no existe un único perfil sobre las y los jóvenes que vivieron en los programas de restablecimiento de
derechos, dado que ellas y ellos son diversos en
cuanto a género, etnia y nivel socioeconómico (Medina, 2022). Por esto,
acogemos el plural para referimos a juventudes
extuteladas de
los programas de protección del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
Encontramos
que la integridad física, mental y moral de las y
los jóvenes, luego de salir de los programas, se ve afectada en el 59 % de los
participantes por situaciones como la discriminación social, el hambre,
afectaciones a la salud mental, la violencia sexual y la amenaza de bandas
criminales (las cuales reclutan o desplazan tanto a las juventudes como a sus
familias). El metaanálisis realizado por Heerde et al. (2018) informa que las afectaciones en la integridad de las
juventudes extuteladas de Estados Unidos se explica
por la culminación de la asistencia estatal, la poca corresponsabilidad de la
sociedad y la inexistencia de programas que acompañen a las y los
jóvenes, especialmente quienes cumplen la mayoría de
edad. En Johannesburgo (Sudáfrica), los procesos que
afectan la vida de las y los jóvenes extutelados
incluyen la no calificación para recibir ayuda
después de cumplir los 18 años de edad, la falta de apoyo emocional y material
formal, así como una inadecuada preparación antes, durante y después del egreso
(Bodiroa & Ross, 2023). En España, Cabrera et al. (2020) describen que los jóvenes extutelados
reportan un bajo nivel de satisfacción vital, relacionada con bajos ingresos y
bajos niveles de formación y de inserción laboral.
Respecto
a la salud mental, estudios con jóvenes extutelados
en Estados Unidos reportan una frecuencia de uso de servicios terapéuticos
entre el 21 % y el 92 %. Esto puede deberse al proceso inconcluso durante la
estancia y la necesidad de un acompañamiento socioemocional permanente para las
y los jóvenes extutelados de menor edad y para quienes no cuentan con redes de apoyo (Gullo et
al., 2023; Heerde
et al., 2018).
Cabe precisar que este estudio se
realizó durante el periodo 2021-2023 posterior a la vivencia del evento de
salud pública más complejo del siglo XXI como fue la sindemia
de la covid-19 y que,
en el caso colombiano, le concurrió un estallido social. Estos procesos ayudan
a comprender por qué
las afectaciones a la salud mental son la segunda causa más frecuente de
revictimización encontrada. Es posible que
la sindemia haya revivido los acontecimientos
traumáticos desatendidos o no superados por las y los jóvenes durante la
estancia en los programas de atención especializada (Pedreira, 2023).
Con referencia a estos
elementos, el desarrollo de programas de acompañamiento con un fuerte
componente de salud mental, con enfoques
tanto individuales como colectivos, y con participación comunitaria, son
urgentes para la atención de las y los jóvenes que se encuentran o vivieron en programas
de protección (De-Juanas et
al.,
2022). Esta idea se apoya en la teoría del curso de vida que plantea un
acompañamiento para las niñas, los niños y jóvenes en las transiciones clave de
sus procesos vitales porque
estos momentos son una ventana de oportunidad para consolidar las realizaciones
de su desarrollo humano y fortalecer los aspectos necesarios (Krauskopf-Roger, 2019).
Los resultados encontrados
en este estudio develan que,
aunque se presentan en
hombres y mujeres jóvenes, las violencias sexuales y la concurrencia de hasta
tres amenazas o vulneraciones de derechos es más frecuente en las mujeres y en
personas LGTBIQ+. Resultados similares se evidencian en mujeres jóvenes extuteladas en Estados Unidos, quienes sufren tasas
más altas de violencia sexual en comparación con los jóvenes hombres (Heerde et
al.,
2015). Esto evidencia la persistencia del patriarcado que legitima prácticas
machistas y misóginas que
se agudizan con grupos sociales vulnerables y excluidos (Noreña-Herrera &
Rodríguez, 2022), lo que
exige que los programas para
jóvenes extutelados deben de tener un enfoque interseccional y
diferencial (Vigoya, 2016).
Respecto a las vulneraciones
de derechos relacionadas con el conflicto
armado, se refleja que, a pesar de la firma del acuerdo de
paz en Colombia (Gobierno de Colombia & Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo, 2016), las niñas, niños y juventudes extuteladas de protección continúan siendo víctimas de un
conflicto que les desplaza de
sus territorios. Esta situación puede ser explicada por la compleja situación
de conflicto que persistente en los
territorios de Antioquia.
Según los datos de la Unidad Nacional de Víctimas, entre los 805 casos
reportados en Antioquia
de desplazamiento forzado en 2023, el 39% de los afectados fueron niñas, niños
y jóvenes entre los 0 y 28 años (Unidad para las Víctimas, 2023).
Por otro lado, la
discriminación producto de los antecedentes de vida de las juventudes en
programas de protección generan efectos negativos como el aislamiento social
(Martín et al.,
2008) y una subvaloración en ellos y ellas mismas; ello puede tener
repercusiones en su estado de salud mental, como también se ha reportado en
Aragón, España (Díaz-Esterri et al.,
2021). Además, denotan que
en algunos sectores de la sociedad aún persisten representaciones
sociohistóricas que
han estigmatizado a las y los jóvenes como delincuentes, drogadictos y
desadaptados (Rodríguez, 2015). Por esto, es imperante un trabajo de
transformación cultural en la sociedad colombiana mediante formatos
comunicacionales y espacios que
convoquen la
corresponsabilidad de la sociedad (Bernal- Romero et al.,
2022).
En Colombia, la
implementación de este trabajo bajo el enfoque
de investigación acción participativa juvenil se considera un aporte
metodológico a impulsar. La bibliografía
sobre investigación acción participativa juvenil tiene mayor desarrollo en
Estados Unidos, en donde se abordan campos de conocimiento y temáticas como la
educación, la desigualdad social, la salud, la violencia y la seguridad (Anyon et
al.,
2018). Específicamente,
los estudios enfocados en el campo de la salud incluyen temáticas como el uso
de sustancias, el acceso a alimentos saludables y la actividad física, el asma, la
disponibilidad de anticonceptivos y el acoso sexual (Anyon
et al.,
2018).
En América Latina, aunque se identificaron experiencias de
investigación participativa que
involucran a jóvenes (Milstein, 2023; Shabel, 2014),
no se determinaron productos investigativos que
explícitamente hagan referencia al uso de investigación acción participativa
juvenil como orientación teórica o metodológica.
Como fortalezas del estudio
se destaca el proceso participativo; no obstante, es importante discutir cómo y
hasta qué punto fue lo
participativo en este proyecto. Ozer et al. (2022)
plantea un algoritmo para identificar
este asunto en cuanto: primero, si realmente los proyectos de investigación con
jóvenes son participativos; y, segundo, para considerarlos como una
investigación acción participativa juvenil.
Al respecto, este proyecto
de investigación fue validado previamente con actores juveniles e
institucionales; con ellos se ratificaron
las preguntas de investigación, sus propósitos y se desarrolló la gestión
colectiva para aplicar a las convocatorias de financiación. Se desarrolló mediante dos
coaliciones con jóvenes que
vivieron en programas de restablecimiento de derechos y actores municipales de
los programas, como lo plantean Amador-Baquiro y
Muñoz-González (2021), desde abajo, sin permiso y en la diferencia. Esto
implicó discusiones sobre los sentidos y alcances del proyecto, la concertación
de las formas y lugares de encuentros para el desarrollo del trabajo de campo,
el análisis y validación colectiva de los resultados y la concertación de
acciones a desarrollar para la transformación de la realidad estudiada; es
decir, todo un proceso de reflexividad
colectiva durante la implementación del proyecto (Di Iorio
et al.,
2021).
Las limitaciones de este
estudio, analizadas desde un paradigma participativo juvenil y transformador (Cammarota, 2017; Rappaport, 2021), incluyen la borrosa e
inexistente corresponsabilidad normativa del ICBF con las juventudes una vez
cumplen 18 años y se cierra el PARD, lo cual se evidenció en la práctica de
este proyecto porque
no fue posible una interlocución permanente con representantes del ICBF
mediante la coalición. Así mismo, la amplitud de este trabajo menguó la
posibilidad de profundidad en temáticas como las condiciones materiales de vida
y los recursos educativos y laborales; esto porque este análisis fue una primera
aproximación diagnóstica con dicha población en Antioquia.
Las implicaciones de este
trabajo a nivel teórico y político incluyen la apertura de análisis y la visibilización en la agenda política de tránsitos
invisibilizados en las juventudes como es la salida de los programas protección
de restablecimiento de derechos. Se devela las posibilidades de realizar
investigaciones participativas intergeneracionales mediadas por coaliciones que permiten
compresiones integrales y complejas sobre los fenómenos de estudio. También da
aperturas a líneas de investigación en Latinoamérica que puedan indagar
sobre situación de vida de las juventudes quienes,
durante su niñez y juventud, fueron protegidos y cuidados en programas
estatales (Gontero, 2023; Incarnato,
2018; Krauskopf-Roger, 2019; Muñoz-Echeverri et al.,
2024). Además de orientar su accionar en la formulación de políticas de
acompañamiento a las y los jóvenes extutelados con el
propositivo de prevenir la repetición de amenazas y vulneraciones de derechos.
Al respecto, el metaanálisis de Heerde et al.
(2018) concluye, para Estados Unidos, que
aspectos de salud y comportamentales de las y los jóvenes extutelados
pueden mitigarse mediante la participación en programas de transición que apuntan a
desarrollar habilidades para la vida autónoma e independiente.
En conclusión, algunas
juventudes extuteladas experimentan situaciones como
la estigmatización y la discriminación, las violencias, el desarraigo del
territorio y la vida en calle que
afectan su integridad física,
mental y moral, así como socavan su dignidad humana. Lo anterior implicará la
revisión crítica del proceso de egreso contemplado en los lineamientos del
Sistema Nacional de Bienestar Familiar desde un enfoque de vida digna y
goce efectivo de derechos de las juventudes que
han vivido la experiencia de un proceso administrativo de restablecimiento de
derechos.
Referencias
Amador-Baquiro, J. C., &
Muñoz-González, G. (2021). Del alteractivismo al
estallido social: acción juvenil colectiva y conectiva (2011 y 2019). Revista
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 19(1), 1-28. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.19.1.4588
Anyon, Y., Bender, K.,
Kennedy, H., & Dechants, J. (2018). A systematic review of youth participatory action research (YPAR) in the United States:
Methodologies, youth outcomes, and future directions. Health Education & Behavior, 45(6), 865-878. https://doi.org/10.1177/1090198118769357
Bardin, L. (1991). Análisis de
contenido. Akal.
Bernal-Romero, T., Charry, C., & Videtta,
C. (2022). Percepciones sobre la preparación para el tránsito a la vida adulta:
el caso de adolescentes y jóvenes de Colombia y Argentina. Pedagogía Social.
Revista Interuniversitaria, (40), 81-96. https://doi.org/pfmc
Berrick, J., Gilbert, N., &
Skivenes, M. (Eds.). (2023). Oxford handbook of child protection systems. Oxford University Press.
Bodiroa, A., & Ross, E.
(2023). Challenges, agency
and ecology in the transition of youth from state residential
care to independent living in Johannesburg,
South Africa. Child & Youth
Services, 44(3), 328-354. https://doi.org/10.1080/0145935X.2022.2113871
Cabrera, E., González, P., Chirino, E., & Castro, J. (2020).
Inclusión social y satisfacción vital de los jóvenes extutelados.
Pedagogía social. Revista Interuniversitaria, (35), 101-111.
Cammarota, J. (2017). Youth participatory action research: A pedagogy of transformational resistance for critical youth studies. Journal for Critical Education Policy Studies, 15(2), 188-213.
Cammarota, J., & Fine, M.
(2010). Youth participatory
action research: A pedagogy for transformational
resistance. En J. Cammarota,
& M. Fine (Eds.), Revolutionizing education: Youth participatory action research in motion (pp. 1-12).
Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203932100
Congreso de la República [Colombia]. (2006). Ley 1098. Por la
cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia en Colombia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html
De-Juanas Oliva, A., Díaz-Esterri, J.,
García-Castilla, F. J., & Goig-Martínez, R.
(2022). La influencia de la preparación para las relaciones socioafectivas en
el bienestar psicológico y la autonomía de los jóvenes en el sistema de
protección. Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, (40), 51-66. https://doi.org/10.7179/PSRI_2022.40.03
Departamento Nacional de Estadística [Colombia]. (2021).
Encuesta nacional de calidad de vida (ECV) 2021. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/calidad-de-vida-ecv/encuesta-nacional-de-calidad-de-vida-ecv-2021
Díaz-Esterri, J., Goig-Martínez,
R., & De-Juanas, Á. (2021). Espacios intergeneracionales de ocio y redes de
apoyo social en jóvenes egresados del sistema de protección. Psychology, Society & Education, 13(3), 39-53.
Di Iorio, J., Lenta, M., & Gueglio, C. (2021). De la retórica a la gramática de la
investigación con niñas, niños y adolescentes. Sociedad e Infancias,
5(Especial). https://doi.org/10.5209/soci.71480
Escobar, C. (2020). La política pública de protección para
niños, niñas y adolescentes en Colombia y el desarrollo humano de los jóvenes
egresados de protección: el caso de Cali, Colombia en el período 2006-2016
[Tesis de maestría, Flacso]. Biblioteca Digital de
Vanguardia para la Investigación en Ciencias Sociales. http://hdl.handle.net/10469/16337
Fals-Borda, O., & Rahman, M. A. (1991). Action
and knowledge: Breaking the monopoly with
participatory action research. Apex Press.
Favero, A. (2019). Las notas
de un futuro incierto: acerca de los procesos de egreso de jóvenes en situación
de institucionalización. XIII Jornadas de Sociología.
Fontana, A., & Frey, J. (2015). La entrevista: de una
posición neutral al compromiso político. En N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (coords.), Métodos de recolección y análisis de datos.
Manual de investigación cualitativa IV (140-202). Gedisa.
Francés, F., Alaminos, A., Penalva-Verdú, C., & Santacreu, O. (2015). La investigación participativa:
métodos y técnicas. Pydlos Ediciones.
Gobierno de Colombia & Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejército del Pueblo. (2016). Acuerdo final para la terminación del
conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. https://www.jep.gov.co/Normativa/Paginas/Acuerdo-Final.aspx
Gontero, S. (2023). ¿Un buen
comienzo?: desigualdades y opciones de política para facilitar la transición de
la escuela al mercado laboral de los jóvenes. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/48897
Gullo, F., García-Alba, L.,
Bravo, A., & del Valle, J. F. (2023). The psychosocial adjustment of care leavers in their transition to adult independent living. International Journal of Social Psychology, 38(1), 35-65. https://doi.org/10.1080/02134748.2022.2132747
Hamai, T. A., & Felitti, V. J. (2022). Adverse childhood
experiences: Past, present, and future. En R. Geffner,
J. W. White, L. K. Hamberger, A. Rosenbaum, V.
Vaughan Eden, & V. I. Vieth
(Eds.), Handbook of interpersonal violence
and abuse across the lifespan: A project of the National Partnership
to End Interpersonal Violence
Across the Lifespan (NPEIV) (pp. 97-120). Springer. https://doi.org/pfk6
Heerde, J., Hemphill, S.,
& Scholes-Balog, K. (2018). The
impact of transitional program-mes on post-transition outcomes for youth
leaving out-of-home care: A
meta-analysis. Health &
Social Care in the Community,
26(1), e15-e30. https://doi.org/10.1111/hsc.12348
Heerde, J., Scholes-Balog, K., & Hemphill, S. (2015). Associations
between Youth home-lessness, sexual offenses, sexual
victimization, and sexual risk
behaviors: A systematic literature review. Archives of
Sexual Behavior, 44(1), 181-212. https://doi.org/f6vddv
Incarnato, M. (2018). La
transición a la vida adulta de jóvenes sin cuidados parentales: aproximaciones
para una realidad inexplorada [Tesis de maestría, Flacso].
Biblioteca Digital de Vanguardia para la Investigación en Ciencias
Sociales. http://hdl.handle.net/10469/14104
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2021). Lineamiento
técnico para la implementación del modelo de atención dirigido a niños, las
niñas y adolescentes en las modalidades de restablecimiento de derechos. Autor.
Juicios de Núremberg. (1947). Código Nuremberg 1947: Código de
ética médica de Núremberg. Consejo para los crímenes de guerra-Núremberg.
Krauskopf-Roger, D. (2019).
Relaciones intergeneracionales, emancipación e independencia de jóvenes
chilenos contemporáneos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y
Juventud, 17(1), 75-87. https://doi.org/10.11600/1692715x.17104
Martín, E., Muñoz, M., Rodríguez, T., & Pérez, Y. (2008). De
la residencia a la escuela: la integración social de los menores en acogimiento
residencial con el grupo de iguales en el contexto escolar. Psicothema,
20(3), 376-382.
Martín, E., Montserrat, C., & Crous,
G. (2023). La transición a la vida adulta en perspectiva de género: jóvenes extutelados después de los 25 años. Revista de Educación,
399, 159-181. https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2023-399-565
Martín-Crespo, C., & Salamanca, A. B. (2007). El muestreo en
la investigación cualitativa. Nure investigación.
Revista Científica de Enfermería, (27), 1-4.
Medan, M. (2014). La dependencia estatal en programas para
jóvenes: ¿estigma o factor de protección? Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, 12(2), 631-642.
Medina, S. M. (2022). Crecer en ICBF: implicaciones en el
proceso de socialización y configuración de la subjetividad política en niños,
niñas y jóvenes que han crecido en instituciones de protección [Tesis de
maestría, Universidad de Manizales]. Repositorio Institucional Universidad de
Manizales. https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/6347
Milstein, D. (Comp.). (2023). La etnografía es también cosa de
chicos: trabajos de campo y publicación de resultados de etnografías con niños,
niñas y jóvenes. Miño y Dávila.
Molina, G. (2020). Integración de métodos de investigación:
estrategias metodológicas y experiencias en salud pública. Universidad de
Antioquia.
Muñoz-Echeverri, I. F., Noreña-Herrera, C., Velásquez-Quintero,
P., Monsalve-López, J. G., Zapata-Álvarez, L. M., & Serna, G. M. (2024).
Investigar con niños protegidos por el Estado colombiano: aprendizajes y retos.
Desidades. Revista Científica da Infância,
Adolescência e Juventude,
(39), 117-136. https://doi.org/pfk
Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los derechos del niño.
Autor.
Noreña-Herrera, C., & Muñoz-Echeverri, I. F. (2023). The social protection of children and youth in Colombia: Interpretive review. Revista
Colombiana de Ciencias Sociales, 14(2), 679-703. https://doi.org/10.21501/22161201.3925
Noreña-Herrera, C., & Rodríguez, S. (2022). Violencia sexual
en un municipio de Colombia: características de las víctimas y de sus
victimarios, 2011-2020. Biomédica, 42(3), 492-507. https://doi.org/10.7705/biomedica.6460
Novais, M., Henriques, T., Vidal-Alves, M. J., & Magalhães, T. (2021). When problems only get
bigger: The impact of adverse childhood experience on adult health. Frontiers in Psychology, 12. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.693420
Organización Panamericana de la Salud, & Consejo de
Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas. (2017). Pautas éticas internacionales
para la investigación relacionada con la salud con seres humanos. Autor.
Ozer, E. J., Sprague, L., Abraczinskas, M.,
Villa, B., & Prata, N. (2022). Toward integration of life course intervention
and youth participatory action research. Pediatrics, 149(supl. 5),
e2021053509H. https://doi.org/10.1542/peds.2021-053509H
Parada, H., Sánchez-Morales, D., Escobar-Olivo, V., Recinos, E.,
& González, A. (2023). Explorando el sistema de protección de la niñez en
El Salvador. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
21(1), 1-24. https://doi.org/pfnn
Pedreira, J. L. (2023). Salud mental en la pandemia COVID-19:
hacia la pospandemia. Centro de Investigaciones
Sociológicas.
Peters, C. M., Sherraden, M., & Kuchinski, A. M. (2016). From foster care to adulthood: The role of income. Journal of
Public Child Welfare, 10(1), 39-58. https://doi.org/pfk8
Rappaport, J. (2021). El cobarde no hace historia: Orlando Fals
Borda y los inicios de la investigación acción participativa. Editorial
Universidad del Rosario.
República de Colombia. (1991). Constitución política de
Colombia.
Richards-Schuster, K. (2010). Revolutionizing
education: Youth participatory action research in motion. Gateways. International Journal of Community
Research and Engagement, 3, 187-189. https://doi.org/10.5130/ijcre.v3i0.1157
Rodríguez, E. (2015). A modo de prólogo: estudios sobre
juventudes en América Latina: un mosaico de realidades diversas pero
convergentes, a caracterizar más y mejor. En H. Cubides, S. Borelli, R. Unda, & M. Vázquez (Eds.), Juventudes latinoamericanas:
prácticas socioculturales, políticas y políticas públicas (pp. 9-20). Clacso.
Serna-Rendón, G. M., Muñoz-Echeverri, I. F., & Lenta, M. M.
(2022). Representaciones sociales del proceso de restablecimiento de derechos
de un grupo de adolescentes en Medellín Colombia. Sociedad e Infancias, 6(1),
67-76. https://doi.org/pfk9
Sevillano-Monje, V., Ballesteros-Moscosio,
M.-Á., & González-Monteagudo, J. (2021). Programa de transición a la vida
adulta en Andalucía: percepción de profesionales y extutelados.
Revista de Ciencias Sociales, 27(2), 39-53.
Shabel, P. (2014). Los niños y
niñas como constructores de conocimiento: un caso de investigación
participativa. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
12(1), 159-170.
Storø, J., Sjöblom, Y., & Höjer, I.
(2019). A comparison of state
support for young people leaving
care in Norway and Sweden: Differences within comparable welfare systems. Child & Family Social Work, 24(3),
393-399. https://doi.org/10.1111/cfs.12471
Suazo, M. L., Cruz, K. A., & Parada, H. (2020). Explorando
el sistema de protección de la niñez en Honduras. Revista Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 18(2), 1-26. https://doi.org/10.11600/1692715x.18207
Teixeira, S., Augsberger, A.,
Richards-Schuster, K., & Sprague, L. (2021). Participatory research approaches with youth: Ethics, engagement, and meaningful action. American
Journal of Community Psychology,
68(1-2), 142-153. https://doi.org/knmx
Torrado, M. C., & Durán-Strauch,
E. (2023). The Colombian child protection system. En J. Duerr, N. Gilbert,
& M. Skivenes (Eds.), Oxford handbook
of child protection systems. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780197503546.013.46
Unidad para las Víctimas. (2023). Publicación de datos
abiertos. https://bit.ly/3E3AiaT
Vigoya, M. (2016). La
interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación. Debate Feminista,
52. https://doi.org/10.1016/j.df.2016.09.005
Wallerstein, N., Duran, B., Oetzel, J.
G., & Minkler, M. (Eds.). (2017). Community-based participatory research for health:
Advancing social and health
equity. Jossey-Bass.
World Medical Association. (1975). Declaración de Helsinki: principios
éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. Autor.
Notas
* Resultados del proyecto «La vida digna de las juventudes que vivieron en programas de protección del Estado colombiano, 2022-2023», desarrollada entre el 17 de noviembre de 2022 y el 17 de febrero de 2024. Financiación: Fundación Universidad de Antioquia (FUA) N°2022-7267. Convocatoria Programática 2021-2022: Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Antioquia n.° 2022-53518 y Convocatoria Programática 2016: Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Universidad de Antioquia n.° 2016-13208. Área: ciencias sociales. Subárea: juventud.
Para
citar este artículo: Noreña-Herrera,
C., Muñoz-Echeverri, I. F., & Pérez Bedoya, V. (2025). Vulneraciones de
derechos en jóvenes extutelados de Colombia. Revista Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, 23(2),
1-26. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.23.2.6650