Segunda sección: estudios e investigaciones


DOI: 10.11600/rlcsnj.22.2.6319

Autoridad policial, socialización legal y justicia procedimental: percepciones en adolescentes de Guadalajara*

Police authority, legal socialization and procedural justice: Perceptions of adolescents in Guadalajara

Autoridade policial, socialização legal e justiça processual: Percepções de adolescentes em Guadalajara

 

Áurea E. Grijalva-Eternod, Ph. D.1

1 Universidad de Guadalajara, México. Doctora en Criminología y Delincuencia Juvenil, Universidad de Castilla La Mancha. 0000-0001-8399-4247. H5: 5. Correo electrónico: aurea.grijalva@academicos.udg.mx

 

Recibido: 15.02.2023 Aceptado: 19.04.2024 Publicado: 29.04.2024



Resumen (analítico)

La Policía es una de las instituciones peor evaluadas en México y su relación con la juventud es frágil. Este trabajo busca identificar qué variables influyen en la legitimidad policial de los adolescentes, operacionalizada como la percepción del deber de obedecer. Para ello, se utilizaron datos provenientes de 1011 encuestas aplicadas a estudiantes de secundaria de la Zona Metropolitana de Guadalajara, como parte del Estudio internacional de delincuencia autoinformada. Los resultados mostraron que, para reafirmar su autoridad, es necesario atender diligentemente a la ciudadanía, pero aplicando estrategias de justicia procedimental. Así mismo, se encontraron diferencias entre hombres y mujeres, asociadas al género, que se discuten en términos de sus implicaciones para las autoridades que intervienen en los procesos de socialización legal de los adolescentes.

Palabras clave: Legitimidad policial; deber de obedecer; adolescentes; justicia procedimental.

 

Abstract (analytical)

Police is one of the worst evaluated institutions in Mexico and its relationship with youth is fragile. This paper seeks to identify which variables influence police legitimacy among adolescents, operationalized as the perception of the duty to obey. For this purpose, data from 1011 surveys applied to high school students in the Guadalajara Metropolitan Area, as part of the International Self-Reported Delinquency Study, are used. The results indicated that, in order to enhance authority, it is necessary to serve the citizens diligently, but apply procedural justice strategies. Likewise, gender-related differences between men and women were found, which are discussed in terms of their implications for the authorities involved in the processes of legal socialization adolescents.

Keywords Police legitimacy; duty to obey; adolescents; procedural justice.

Resumo (analítico)

A polícia é uma das instituições mais mal avaliadas no México e sua relação com os jovens é frágil. Este trabalho procura identificar quais as variáveis que influenciam a legitimidade policial entre os adolescentes, operacionalizada como a perceção do dever de obediência. Para tal, são utilizados dados de 1011 inquéritos aplicados a estudantes do ensino secundário da Área Metropolitana de Guadalajara, no âmbito do International Self-Reported Delinquency Study. Os resultados indicaram que, para aumentar a autoridade, é necessário atender os cidadãos de forma diligente, mas aplicar estratégias de justiça processual. Da mesma forma, foram encontradas diferenças relacionadas com o género entre homens e mulheres, que são discutidas em termos das suas implicações para as autoridades envolvidas nos processos de socialização legal dos adolescentes.

Palavras-chave Legitimidade policial; dever de obediencia; adolescentes; justiça processual.

 


Introducción


Tradicionalmente, la ciencia criminológica se ha preocupado por conocer las causas y factores que explican el comportamiento criminal y los niveles de violencia que existen en un tiempo y en un espacio geográfico determinados. Sin embargo, dando un giro a este enfoque, un interés más reciente de esta área de conocimiento ha sido el indagar el porqué las personas cumplen las normas y se comportan conforme a las decisiones de la autoridad; lo anterior, de forma independiente del miedo al castigo o a las consecuencias que pueda tener el comportamiento criminal, es decir, más allá del mero uso de la fuerza y la coerción, principalmente asociada a la institución policial.

En este tenor, existe una enorme cantidad de trabajos que, enmarcados principalmente en la teoría de la justicia procedimental de Tyler (1990, 2001, 2017, 2023), han evidenciado que la opinión que los ciudadanos tienen sobre las instituciones y sus representantes, particularmente en relación con la legitimidad y la percepción de que se proporciona un trato justo y equitativo, es un factor crucial que motiva el comportamiento normativo y la cooperación ciudadana con las instituciones.

Si bien la teoría de la justicia procedimental se ha probado en la relación de los ciudadanos con diferentes actores del sistema de justicia, la mayoría de trabajos se han enfocado en analizar específicamente a la institución policial. Esto no es casualidad pues, precisamente, de todas las autoridades del sistema de justicia, esta institución es la que tiene mayor contacto con los ciudadanos, es la que cuenta con mayor visibilidad (Bridenball & Jesilow, 2008) y, más aún, sus representantes tienen un fuerte poder simbólico pues personifican tanto la fuerza coercitiva del Estado (Bottoms & Tankebe, 2012) como la protección que la ciudadanía espera recibir de este (Jackson et al., 2011). Además, en el panorama mundial contemporáneo, para esta institución es apremiante contar con una imagen positiva no solo para poder cumplir de manera efectiva su tarea de control del crimen mediante la cooperación y el respaldo ciudadano, sino también para sobrevivir, especialmente en un momento en el que se cuestiona cada vez más el recurso público destinado a las instituciones policiales (Bolger et al., 2021).

Por otro lado, los beneficios de impulsar y promover una imagen positiva de las instituciones del sistema de justicia se han revelado particularmente en los jóvenes, lo cual tampoco es una circunstancia accidental, dado que la adolescencia se reconoce como una etapa crítica en la socialización legal; esto es, en el proceso por el que los individuos adquieren actitudes, creencias y vínculos hacia la ley, las autoridades y las instituciones (Fagan & Tyler, 2005; Hinds, 2009; Piquero et al., 2005). Precisamente en este periodo vital se presenta un ajuste de los sistemas regulatorios (tanto del cerebro como de los sistemas cognitivos y conductuales) y por ello representa un momento crucial de riesgos y oportunidades para el desarrollo de la conducta normativa (Steinberg, 2005); este se vincula muy especialmente a la configuración del razonamiento moral (Baz & Fernández Molina, 2018) y al sentido de autonomía y voluntad (van Petegem et al., 2021).

Aunado a lo anterior, existen dudas extendidas sobre la efectividad de las estrategias de disuasión, como el castigo o la amenaza de castigo, para prevenir la conducta delictiva en los jóvenes (Del Toro et al., 2019; Manchak & Cullen, 2015; Schneider, 1990), o al menos, sobre su verdadero impacto sin la intervención de otras variables contextuales (Hirtenlehner & Schulz, 2021). Por lo que es justamente en este grupo poblacional en el que es imprescindible identificar estrategias eficaces de intervención que sirvan como alternativa al enfoque tradicional de la disuasión. Lo anterior, dado que es una regularidad empírica, reconocida en la literatura científica criminológica, el hecho de que la conducta criminal tiende a concentrarse en esta etapa vital (Fagan & Tyler, 2005; Morgan & Newburn, 2012; Morizot & Kazemian, 2015).

Aparte de los cambios biológicos propios de la adolescencia y de las evaluaciones y percepciones sobre el actuar de la institución policial, existe una diversidad de factores que pueden influir en la conducta normativa y el proceso de socialización legal (Steinberg, 2005). Así, los jóvenes pueden cumplir las normas y acatar las decisiones de la autoridad policial, por decisiones internas asociadas a la búsqueda de recompensas y el miedo al castigo; pero también por la injerencia externa de variables como la relación con otras figuras de autoridad, la influencia de pares y la exposición a un ambiente criminógeno.

En efecto, la actitud hacia la institución policial y sus representantes puede vincularse con las interacciones previas que han tenido los adolescentes con otras figuras de autoridad. Así, las vivencias con los padres (particularmente por lo que hace a las relaciones afectivas y a la supervisión parental) pueden ser determinantes para la internalización de normas (Fagan & Tyler, 2005; Sargeant & Bond, 2015; Wu et al., 2015). De igual forma, la experiencia en los contextos educativos puede incluir en la formación de las actitudes hacia otras figuras de autoridad, especialmente, la vinculación con la institución y la relación con los maestros (Ferdik et al., 2015; Wu et al., 2015). Los adolescentes tienden a cumplir las normas y las órdenes cuando sienten que sus maestros son justos y que las normas de la escuela son legítimas y se aplican de manera equitativa (Nivette et al., 2022; Trinkner & Cohn, 2014). En este sentido, la escuela puede ser entendida como una figura intermedia entre la familia y las autoridades formales (Baz & Fernández-Molina, 2018).

Además de la incorporación de diferentes figuras de autoridad en la socialización legal, la legitimidad policial en los adolescentes puede estar afectada por la relación con los pares (Baz & Fernández-Molina, 2018). Por un lado, la influencia de los amigos puede ser más fuerte que la de la familia y la de las propias experiencias con agentes policiales (Clayman & Skinns, 2012); y, por otro, las opiniones de grupo y las normas que se establecen en él pueden fomentar o desalentar el cumplimiento de las normas y la disposición a obedecer a la autoridad, sea por la necesidad de pertenencia o por cumplir las expectativas de los amigos (van Prooijen et al., 2004).

Algunas características del entorno pueden ser primordiales en la formación del comportamiento normativo y en la disposición a obedecer a la autoridad. Para Wikström et al. (2013), la exposición a un ambiente criminógeno o un contexto moral se combina con una propensión individual hacia la conducta criminal; por lo que esta conjunción puede hacer que el individuo tenga acceso interno a alternativas, positivas o negativas, relacionadas con las actitudes hacia las normas y la autoridad.

Así mismo, en torno a la conducta normativa, Cialdini (2012) ha diferenciado entre normas descriptivas y normas imperativas. Las primeras se refieren a lo que es normal y lo que realiza la mayoría en una cultura o subcultura y, por tanto, informan a los individuos de lo que es una acción efectiva en una situación; es decir, son una forma de atajo en la toma de decisiones individuales. Por su parte, las normas imperativas se refieren a lo que es aprobado o desaprobado en una cultura o subcultura; esto es, especifican lo que debería hacerse de acuerdo con las normas morales de un grupo, por lo que su motivación principal viene de la aceptación social de la propia conducta. Ambas posturas sostienen la idea de que el entorno incluye en el comportamiento normativo mediante la configuración de un contexto moral favorecedor o no al cumplimiento de normas; ello hace que las mismas adquieran el carácter de descriptivas o imperativas en una comunidad. Este aspecto es crucial en un contexto como el latinoamericano en el que existe, por un lado, un amplio desconocimiento de los jóvenes de sus derechos y, por el otro, una tensión en la socialización legal de los jóvenes que deriva de las contradicciones que hay entre lo que se encuentra prohibido por la ley y lo que es aceptado, tolerado y facilitado por la sociedad e, incluso, por las propias autoridades (Alvarado, 2015).

Por último, existen factores individuales que también pueden ser determinantes, de manera directa o indirecta, en las actitudes de los adolescentes hacia la autoridad policial. Entre estos se encuentran el género (Bolger et al., 2021), la edad (Fagan & Tyler, 2005), la pertenencia a un grupo étnico (Brunson & Weitzer, 2009; Wu et al., 2015), la clase social (Bolger et al., 2021) y la pertenencia a un grupo minoritario (Murphy & Cherney, 2011). Estos aspectos son exacerbados en la relación de la Policía con los jóvenes debido a la existencia de estereotipos, la desconfianza mutua y la tendencia de este grupo etario de utilizar el espacio público para expresar su rebeldía (Zavaleta et al. 2016).

De manera específica en relación con el género, a pesar de que existe un expreso reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres relativas a los procesos de socialización (Leaper & Friedman, 2015) e, incluso, en torno a las evaluaciones de las instituciones de justicia (Bolger et al., 2021; Fossati & Meeker, 1997; Lee et al., 2023; Rigby, 1989), existen muy pocos trabajos que hayan analizado de manera explícita las diferencias entre hombres y mujeres (Zavaleta et al., 2016). De hecho, una gran cantidad de estudios sobre la legitimidad policial con los adolescentes se han efectuado únicamente en hombres (Brunson & Weitzer, 2009; Fine et al., 2022; Gau & Brunson, 2010; Tyler et al., 2014).

En suma, los aspectos que determinan la disposición de los jóvenes a obedecer las normas y a tener actitudes positivas y de legitimidad hacia la autoridad policial son muy variados. Por esta razón es importante identificar los principales factores que determinan su inclinación a incorporarse al juego social de las normas y, en consecuencia, a acatar las determinaciones policiales, con el fin de diseñar estrategias concretas y específicas para propiciar una cultura normativa en esta etapa vital. Esta necesidad se vuelve imperiosa en un contexto como el mexicano en el que la juventud no solo concentra el comportamiento delictivo, sino también la victimización (Banco Mundial, 2012; Becerra Romero, 2023); en donde la Policía es una de las instituciones peor evaluadas por la población (Baek et al., 2022; Blanco, 2013) y en el que la percepción de aplicación de justicia se encuentra vinculada en la percepción de los jóvenes a la clase social de pertenencia (Alvarado, 2015; Silva, 2014).

Con base en todo lo anterior, en este trabajo se busca profundizar sobre la legitimidad de la institución policial, operacionalizada como la percepción del deber de obedecer, entre los adolescentes mexicanos, específicamente en la Zona Metropolitana de Guadalajara (en adelante, ZMG). A pesar de toda la evidencia del modelo de Tyler sobre la institución policial, él mismo ha reconocido que no hay una forma de autoridad que funcione de manera universal, por lo que invita a identificar las contingencias bajo las que distintas formas de autoridad son más deseables (Tyler, 2023). En este sentido, diversos trabajos han reconocido que pueden existir diferencias culturales en torno a las percepciones sobre la policía y la legitimidad ciudadana respecto de esta institución (Mazerolle et al., 2013; Murphy & Cherney, 2011; Tankebe, 2009). Por ello, la intención es dar pasos en la identificación de estrategias de acción que informen a la institución policial mexicana de los aspectos que debe priorizar para mejorar su imagen con los jóvenes. Y, especialmente, aportar evidencia que pueda contribuir a mejorar la relación entre esta institución y los jóvenes que se caracteriza, como ya se ha mencionado con anterioridad, por una falta de confianza recíproca (Zavaleta et al., 2016).

Antes de pasar al estudio es conveniente hacer algunas apreciaciones. El estudio se desarrolla en la ZMG que tiene algunas características que la convierten en un escenario ideal para analizar la relación entre la institución policial y los adolescentes en México. En primer lugar, según datos del 2022 de la Encuesta nacional de adolescentes en el sistema de justicia penal, Jalisco, entidad federativa en la que se encuentra la ZMG, fue el estado con la mayor población de adolescentes en el Sistema Integral de Justicia Penal; esto indica que la delincuencia juvenil es un problema con mayor relevancia que en otras regiones del país. En segundo lugar, existe una tensión particular entre la institución policial y los jóvenes que se recrudeció en 2020 con el asesinato de un joven, Giovanni López Ramírez, a manos de policías municipales en el contexto de la aplicación de las medidas contra la pandemia de covid-19, lo cual fue calificado como una ejecución extrajudicial (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, 2020). El asesinato de Giovanni dio lugar a una serie de manifestaciones que terminaron en nuevas detenciones arbitrarias de manifestantes y en abusos policiales reportados por jóvenes (Strickland, 2021). Este hecho no fue aislado, pues se vinculó con otros movimientos sociales previos, en los que la mayoría de participantes eran jóvenes y en los que se registró represión y brutalidad policial (López, 2021). Finalmente, no hay que olvidar que la ZMG se caracteriza por contar con áreas en las que el control de la seguridad pertenece a grupos del crimen organizado (Strickland, 2022) y que, en general, la Policía tiene un papel ambiguo en términos de seguridad, pues los límites entre la actividad criminal y la policial se desdibujan constantemente y, por lo tanto, la población no sabe en quién puede confiar (Sonnevelt, 2019).

A pesar de que esta investigación toma como punto de partida el trabajo de Baz y Fernández-Molina (2018), en el que también se buscaba determinar los aspectos que promueven la legitimidad policial en España, y se emplea incluso el mismo instrumento de recolección de datos, existen diferencias notables; no solo en relación con las variables empleadas, sino también en torno a la operacionalización de la legitimidad, pues mientras ellas utilizan el alineamiento moral como un indicador de este constructo, en este trabajo, la legitimidad se operacionaliza como la percepción del deber de obedecer.

Si bien existe un amplio debate teórico sobre cuáles son los elementos de la legitimidad y cuál es la mejor forma de operacionalizarla (Bottoms & Tankebe, 2012; Fine et al., 2022; Pósch et al., 2021; Trinkner, 2019; van Petegem et al., 2021), en este trabajo se parte de la premisa básica de que en el seno conceptual de la legitimidad se encuentran tanto la percepción de que la autoridad tiene el derecho de mandar como la percepción ciudadana del deber de obedecer (Jackson & Bradford, 2019; Oliveira & Jackson, 2021; Walters & Bolger, 2019). En este sentido, la percepción de obligación de obedecer es un indicador y un reflejo de que existe legitimidad de una autoridad (Oliveira & Jackson, 2021; Tyler, 1990; Tyler et al. 2014), especialmente cuando las instituciones son evaluadas negativamente (Piquero et al., 2005), justo como ocurre con la Policía en México.

Como ya se mencionaba, se parte del trabajo elaborado por Baz y Fernández-Molina (2018) sobre la socialización legal, pero no hay que olvidar que el contexto analizado es distinto. En México la corrupción es sistémica (Davis, 2006; Grijalva-Eternod & Fernández, 2017) y no existe una tendencia a la conducta normativa generalizada (Girola, 2011). Por ende, es cuestionable que la percepción de que existe alineamiento moral pueda ser un buen indicador de legitimidad, pues el cumplir las normas no es necesariamente un valor extendido. En consecuencia, este trabajo se encuentra en línea con muchos otros previos que han utilizado este indicador como una forma de medir la legitimidad (Ferdik et al., 2015; Gau, 2011; Jackson & Bradford, 2019; Mazerolle et al., 2013; Oliveira & Jackson, 2021; van Petegem et al., 2021).

Unido a lo anterior, es importante señalar que esta investigación parte de una perspectiva integradora de la legitimidad en la línea propuesta por Hamm et al., (2017), quienes sostienen que, en realidad, la legitimidad es un meta constructo o un marco de referencia que se refiere a una serie de ideas que están vinculadas teóricamente. Para estos autores dentro de este marco se encuentran las experiencias, las evaluaciones, las internalizaciones y las reacciones y, por tanto, la relación entre todas estas dimensiones se puede intuir más que determinar de manera fija. Como consecuencia, en el presente trabajo se analiza el efecto que la evaluación policial que realizan los adolescentes tiene en su sensación del deber de obedecer a la Policía. Se controlan los efectos de la influencia familiar, la influencia escolar y la influencia del entorno, así como algunas características individuales, pero asumiendo que las direcciones de las relaciones entre las variables empleadas sobre la imagen de la Policía pueden ser imaginadas de muy distintas maneras.

Es importante hacer hincapié en que el análisis se realizó distinguiendo entre hombres y mujeres, como una forma de aproximación a la identificación de las diferencias de género en la legitimidad policial en los adolescentes. Como ya se mencionaba, este es un aspecto poco abordado en la literatura de la socialización legal en los adolescentes (Zavaleta et al., 2016) que merece especial atención cuando se busca realizar una aproximación profunda de la legitimidad policial y se pretende indagar si son necesarias estrategias diferenciadas de actuación en hombres y mujeres.

Las preguntas de investigación fueron: 1) ¿cuáles son los aspectos de la evaluación policial que se relacionan con la legitimidad policial en los adolescentes?; 2) ¿los efectos de la evaluación policial se mantienen teniendo en cuenta la influencia familiar, escolar y del entorno, así como las características individuales?; 3) ¿existen diferencias entre hombres y mujeres en relación con las variables que explican la legitimidad policial?


Método


Para el análisis se utilizaron datos provenientes de la aplicación en México de la tercera edición del Estudio internacional de delincuencia autoinformada (ISRD-3, por sus siglas en inglés). Este es diseñado por un conjunto de expertos internacionales y busca la recolección multinacional de datos que sean útiles para la comparación internacional en relación con la conducta delictiva y la victimización en adolescentes; así como también sus experiencias con la familia, la escuela, la relación con los pares, el vecindario, el uso de sustancias, la justicia procedimental, etc. (Marshall et al., 2020). Es importante destacar que, además de este instrumento, no se tiene conocimiento de ningún otro en México que contemple las variables necesarias para analizar el problema sustantivo que se presenta en este trabajo, por lo que se decidió utilizar los datos recogidos con este instrumento a pesar de las limitaciones que más adelante se discuten. La técnica empleada por el ISRD-3 es el autoinforme, que consiste en que los encuestados proporcionan información sobre sí mismos, en este caso relacionados con la conducta delictiva y la experiencia de victimización. El autoinforme ha sido reconocido como una de las mejores estrategias para medir el involucramiento en el comportamiento antisocial y como un buen método alternativo a las estadísticas oficiales para aproximarse al fenómeno criminal y para probar teorías criminológicas, especialmente útil cuando se trata de jóvenes (Krohn et al. 2010; Thornberry & Krohn, 2003).

La recolección de datos en México se realizó entre los meses de noviembre de 2019 y enero de 2020, mediante la aplicación del instrumento a estudiantes de nivel secundaria de la ZMG en el aula de clases. La unidad primaria de muestreo fueron las clases de los tres niveles de las escuelas secundarias de la ZMG y la muestra se estratificó por nivel y tipo de escuela (federal, estatal y particular). Para la selección de los grupos y las escuelas, se utilizó el paquete de software Survey Manager, proporcionado por el Comité Directivo del ISRD-3.

La muestra final fue de 1011 encuestados repartidos en 24 escuelas secundarias de los municipios metropolitanos de: Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Tonalá y Zapopan. El 50.5% de los participantes fueron hombres y el 49.5% mujeres (hombres = 510 y mujeres = 500) con una media de edad de 13.09 años. Para poder evaluar las diferencias por sexo en el modelo de legitimidad que se estimó más adelante, se verificó que no existieran diferencias estadísticamente significativas entre mujeres y hombres en ninguna de las principales variables sociodemográficas (p >. 05).

Instrumento y variables empleadas en el análisis

Como ya se mencionó, el ISRD-3 utiliza la técnica del autoinforme para obtener datos estandarizados relacionados con la conducta antisocial, la victimización y otras cuestiones relacionadas. Las variables específicas utilizadas para analizar las preguntas planteadas en el presente estudio fueron:

Consideraciones éticas

A pesar de que la encuesta fue autoadministrada, en el aula se encontraban siempre presentes el profesor y un encuestador asignado con el fin de resolver cualquier inquietud. Previo a la aplicación, los estudiantes fueron informados, de manera oral y escrita, de los objetivos del estudio, de que su participación era voluntaria y de que en cualquier momento podían abandonar la encuesta. Así mismo, se proporcionaron los datos de contacto del investigador responsable y se explicó el uso que se daría a la información. Una vez obtenido su consentimiento oral, se procedió a la aplicación del instrumento.

Dado que no existía Comité Ético de Ciencias Sociales en la universidad de adscripción, se obtuvo el permiso de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y se realizó por escrito el compromiso de cumplir con criterios éticos. Después de verificar que se cumplía con la normativa vigente en México (Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares), se decidió no requerir el consentimiento de los padres para: primero, no coartar el derecho de participación de los adolescentes; segundo, partiendo de la insistencia de diversos autores dedicados a temas de investigación en menores sobre que lo realmente importante es obtener el consentimiento de los propios menores y el reconocer que tienen capacidad de agencia suficiente para entender los propósitos de la investigación y para tomar una decisión informada sobre su participación (Coyne, 2009; Water, 2018); y tercero, por el hecho de que se trata de un cuestionario totalmente anónimo en el que no se registran datos personales. En consecuencia, en todo momento, se garantizaron los criterios de transparencia, anonimato, confidencialidad, consentimiento informado, privacidad y uso rigoroso de la información para fines científicos.

Estrategia de análisis

Para verificar la influencia de las diferentes variables en la legitimidad se estimaron cinco modelos de regresión lineal (tabla 2). En el modelo 1 se utilizaron como variables independientes aquellas relacionadas con la evaluación de los adolescentes sobre la institución policial. En los modelos 2, 3, 4 y 5 se fueron incluyendo paulatinamente las demás variables por grupo (influencia familiar, influencia escolar, influencia del entorno y características individuales) con la intención de observar la robustez de los resultados obtenidos en las variables relacionadas con la percepción sobre la institución policial. Finalmente, en línea con la estrategia sugerida por Fossati y Meeker (1997) y tomando el modelo 5 como base, se realizó una nueva estimación del modelo, pero dividiendo la muestra en hombres y mujeres con el fin de observar si existían diferencias en la influencia de las variables explicativas. Para realizar todos los análisis se utilizó el programa SPSS (versión 25).


Resultados


La tabla 1 reúne la estadística descriptiva de las variables empleadas. Además de la media, se presentan los valores descriptivos separando la muestra en hombres y mujeres. En la última columna se encuentra el resultado de la comparación entre estos dos grupos utilizando la prueba t de Student o la prueba chi-cuadrado de Pearson, según el tipo de variable analizada.

 

Tabla 1 Estadística descriptiva

Nota. *p < .05. **p < .01. ***p < .001.

 

Como puede apreciarse, los hombres mostraron una mayor disposición a obedecer a la policía (M = 5.76) que las mujeres (M = 5.69), pero la diferencia no resultó estadísticamente significativa. Los hombres parecen evaluar mejor a la institución policial en términos de eficacia y alineamiento moral, aunque solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas respecto de este último (t = 3.542). En términos de justicia procedimental y percepción de corrupción, la evaluación más positiva proviene de las mujeres; sin embargo, solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas sobre la corrupción (t = 3.353), siendo ellos quienes consideran en mayor proporción que los policías aceptan sobornos.

Excepto en la supervisión parental y la edad, en las demás variables se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. Se observó un valor más alto en las puntuaciones de las mujeres en los casos del vínculo familiar (t = -3.187), el vínculo con la escuela (t = -4.213), el vínculo profesor (t = -5.952), el contexto moral (t = -5.042), la cohesión social (t = -2.810); mientras que una puntuación más alta en los hombres en el caso de tener amigos delincuentes (χ2 = 6.854) y estudiar en una escuela privada (χ2 = 3.625). Estas diferencias refuerzan la decisión de realizar una estimación del modelo de manera separada entres estos dos grupos.

La tabla 2 contiene los resultados de los modelos de regresión lineal. Como ya se explicó, la variable dependiente fue la legitimidad operacionalizada como la disposición a obedecer a la policía y las variables independientes fueron introduciéndose por bloques. En todos los modelos se verificó que se cumplían requisitos de linealidad, independencia de los residuos (Durbin-Watson), homocedasticidad, que no había evidencia de multicolinealidad, así como que cada modelo era estadísticamente significativo en la predicción de la variable independiente (F).

Tabla 2Regresión lineal múltiple. VD. legitimidad policial (percepción de deber de obedecer).

Nota. Los coeficientes reportados corresponden al valor estandarizado β. *p <. 05, **p <. 01, ***p < .001.

 

En el modelo 1 se introdujeron únicamente las variables referentes a la evaluación policial efectuada por los adolescentes, resultando estadísticamente significativas para predecir la legitimidad, la eficacia (β = .257), la justicia procedimental (β = .206) y la percepción de corrupción (β = .072), aunque en este último caso el coeficiente obtenido fue muy bajo y en un sentido opuesto al esperado.

En el modelo 2 se introdujeron las variables de influencia familiar, resultando estadísticamente significativa la escala de vínculo familiar (β = .115) y manteniéndose la significancia en el caso de la eficacia (β = .250) y la justicia procedimental (β = .190). En el modelo 3 se introdujeron las variables relativas a la influencia escolar, de las que únicamente resultó estadísticamente significativa el vínculo con el profesor (β = .130). De las variables de evaluación policial se mantuvo la significancia estadística en la eficacia (β = .258) y en la justicia procedimental (β = .164) y, en este modelo, se encontró también en el alineamiento moral (β = .076). En el modelo 4 se introdujeron las variables sobre la influencia del entorno, resultando estadísticamente significativa únicamente el contexto moral (β = .132). En este caso continúo observándose un efecto estadísticamente significativo de la eficacia (β = .246), la justicia procedimental (β = .136) y el alineamiento moral (β = .105). Finalmente, en el modelo 5 se introdujeron todas las variables, incluyendo la edad y el estudiar en una escuela privada, de las cuales ninguna resultó estadísticamente significativa y se mantuvo lo observado en la eficacia (β = .218), la justicia procedimental (β = .161) y el alineamiento moral (β = .135).

De los cinco modelos estimados se desprende que, aún al controlar por distintas variables, existen algunos aspectos de la evaluación policial que se mantienen con significancia estadística de manera robusta; en concreto, la eficacia y las percepciones de justicia procedimental. La corrupción, por su parte, no parece ser relevante prácticamente en ninguno de los modelos y el alineamiento moral entre policía y los adolescentes resultó estadísticamente significativo a partir del modelo 3 y se mantuvo en los modelos 4 y 5.

Como puede observarse, en los cinco modelos estimados se obtuvo un valor de R2 medio según los criterios de Cohen (1988) y en ninguno de ellos se obtuvo un valor de R2 alto. No obstante, la introducción de variables mostró un aumento lineal en cada modelo, lo cual indica que a pesar de que existen otras variables que incluyen en la legitimidad policial que no fueron consideradas en estos modelos, las variables empleadas sí resultaron relevantes para predecir la variable dependiente en la muestra estudiada.

Las últimas dos columnas de la tabla 2 corresponden al modelo 5 estimado para hombres y mujeres de manera separada. Si se observa el valor del R2 de estos dos modelos puede verse que el modelo tiene un mejor ajuste en el caso de las mujeres (R2 = .261), pues incluso se alcanza el umbral de un tamaño del efecto grande (Cohen, 1988), mientras que el modelo para los hombres se mantiene con un efecto moderado (R2 = .193). Así mismo, a pesar de que en la prueba de comparación de medias no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres en relación con la legitimidad, en el modelo estimado sí se pueden apreciar diferencias importantes en el efecto predictivo de las variables dependientes, lo cual es consistente con la estrategia utilizada por Fossati y Meeker (1997) para identificar las diferencias de género en este tipo de análisis.

En el caso de los hombres resultaron estadísticamente significativas únicamente tres variables: la eficacia (β = .135), la supervisión parental (β = .135) y el vínculo con el profesor (β = .135). En cambio, en el modelo de las mujeres hubo más variables estadísticamente significativas: la eficacia (β = .135), el alineamiento moral (β = .135), la justicia procedimental (β = .135), el vínculo familiar (β = .135), el vínculo con el profesor (β = .135), el contexto moral (β = .135) y la cohesión social (β = .135).


Discusión


El presente trabajo tenía como objetivo central el analizar el efecto de algunas variables que, según los resultados de trabajos previos, pueden influir en la legitimidad policial en adolescentes. Esta fue operacionalizada como la percepción del deber de obedecer, en un contexto con escasa evidencia, con una cultura normativa no extendida y con una evaluación negativa generalizada de la institución policial. En general, los resultados obtenidos permiten identificar algunos aspectos que son relevantes para los jóvenes encuestados en torno a su conformidad con la autoridad, algunos relacionados con la propia imagen de la institución policial y otros relacionados con la influencia de variables contextuales. Antes de pasar a discutir las implicaciones de los resultados, vale la pena hacer algunas advertencias sobre las limitaciones del estudio para prevenir sobre los alcances de los resultados.

Existen algunas variables que no fueron analizadas en el modelo y que pueden tener una influencia en la variable dependiente. En primer lugar, no se evaluó el efecto del contacto previo de los adolescentes con la institución policial, a pesar de ser una variable que puede afectar tanto la socialización legal como la imagen de la policía (Piquero et al., 2005; Tyler et al., 2014). Esto obedeció a que no existía una pregunta general sobre el contacto previo y a que únicamente cuarenta adolescentes refirieron haber tenido contacto por haber realizado algo ilegal; ello puede deberse a un bajo reporte de los encuestados de esta circunstancia, o bien a una baja eficacia de la institución policial en el control social. Este escaso número no permitía obtener resultados consistentes por lo que se decidió no utilizar esta variable, pero sin duda sería conveniente evaluar los efectos de las interacciones previas en la legitimidad expresada por los adolescentes.

Otro aspecto no tomado en cuenta en el estudio es la efectividad real del control del delito ya sea por la institución policial o por las demás instituciones del sistema de justicia. Es probable que en entornos en los que existe una mayor eficacia institucional, también exista una mayor disposición a obedecer la autoridad, precisamente por la influencia de la disuasión. Sin embargo, no existían preguntas que permitieran medir estos aspectos y, además, todos los encuestados residían en la ZMG por lo que no era factible hacer diferencias contextuales sobre el cumplimiento de la ley y la efectividad de la autoridad.

Así mismo, la formulación de la variable dependiente no permitía distinguir entre las formas normativas y no normativas de percepción de obligación de obedecer (Pósch et al., 2021; Tankebe, 2013; Trinkner, 2019), por lo que no puede saberse la fuente de la motivación, esto es, si el deber de obedecer provenía del miedo al castigo o de la sensación y creencia de que eso es lo que debe hacerse. Esto es un aspecto fundamental que se debe distinguir en futuros estudios, porque es un indicador de autonomía en los adolescentes y también porque puede dar luz sobre lo que puede ocurrir cuando la amenaza de castigo deja de ser creíble en una sociedad (van Petegem et al., 2021).

Además de lo anterior, en el instrumento no se contaban con ítems que permitieran medir el cinismo legal, siendo un aspecto ampliamente relacionado en la literatura tanto con la legitimidad como con la socialización legal en adultos y en adolescentes (Oliveira et al., 2021; Trinkner & Cohn, 2014). Por esta razón, sería de gran utilidad poder analizar la interacción de esta variable con las otras variables aquí analizadas. Por otro lado, el cuestionario no contaba con preguntas objetivas sobre el nivel socioeconómico o la pertenencia a un grupo vulnerable, por lo que sería necesario identificar si los efectos permanecen utilizando estas variables de control. Finalmente, una importante limitante de los hallazgos tiene que ver con el hecho de que los adolescentes encuestados son estudiantes y eso marca un sesgo que no permite generalizar los resultados a los adolescentes de la ZMG, especialmente porque es posible que sean justamente los adolescentes que no son estudiantes los que tienen una mayor posibilidad de tener interacciones con los agentes policiales. Así, sería interesante replicar este estudio en una muestra de adolescentes y jóvenes que no son estudiantes y profundizar en la explicación de estos resultados a través de entrevistas semiestructuradas que arrojen mayor luz sobre aspectos no contemplados en el instrumento.

A pesar de estas limitaciones, y del hecho de que se han analizado datos transversales que no permiten identificar de manera estricta la dirección causal entre las variables empleadas, los resultados obtenidos permiten dar sustento parcial al modelo de Tyler. Lo anterior en tanto que las prácticas policiales pueden mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la institución policial y que es importante pasar de un modelo de fuerza a un modelo de servicio (Tyler, 2017). Los resultados mostraron que, para los adolescentes, es fundamental percibir que los policías son eficaces en las tareas que les han sido encomendadas, pero que a la vez tratan a los ciudadanos con justicia procedimental, esto es, con respeto y dignidad. Es importante recalcar en este punto que la variable con mayor poder predictivo en todos los modelos fue precisamente la eficacia policial. Este resultado permite identificar un aspecto prioritario de atención en el contexto mexicano que se encuentra en línea con lo reportado en trabajos previos (Tankebe, 2009). Además, muestra que en nuestro país es necesario trabajar en propiciar una imagen positiva de la institución policial y de sus agentes en relación con su capacidad de cumplir sus funciones de manera eficaz, situación que en la literatura mayoritaria ha quedado en segundo plano y ha sido, en cierta forma, opacada por las demandas de justicia procedimental. Así, nuestros resultados confirman que, en efecto, existen diferencias culturales relacionadas con la legitimidad que deben ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas públicas (Mazerolle et al., 2013).

Además de lo anterior, los resultados permiten confirmar la influencia de otras variables contextuales en la socialización legal y, particularmente, en la legitimidad policial. Así, las variables que se encontraron con una influencia más robusta sobre la percepción del deber de obedecer fueron el vínculo familiar, el vínculo con el profesor y el contexto moral. Estos resultados son interesantes pues permiten sugerir que se debe crear conciencia tanto en los miembros de la familia como en los profesores de las escuelas de nivel básico e intermedio en su papel como agentes de socialización legal, pues de acuerdo a los resultados obtenidos, los cuales son consistentes con estudios previos (Baz & Fernández Molina, 2018), las relaciones positivas con la familia y con el profesor pueden influir en la configuración de la legitimidad con otras figuras de autoridad.

Así mismo, resulta de gran interés el resultado obtenido respecto de la influencia del contexto moral, lo cual proporciona sustento a la teoría de la acción situacional (Wikström, 2010; Wikström et al., 2013). Si bien esta teoría ha sido utilizada para explicar la conducta criminal, en realidad su intención es dirigida a explicar por qué las personas siguen o rompen las reglas de conducta y, en general, la acción humana (Wikström, 2014). Por lo que, además de las características individuales que pueden determinar el cumplimiento o rompimiento de las normas, las personas son influidas por el ambiente moral que existe en el entorno del que forman parte. Este les proporciona alternativas de acción y de decisión, en nuestro caso, la alternativa de obedecer las decisiones de la autoridad policial. Así un aspecto novedoso del presente trabajo es extender, a través de evidencia, la aplicación de la teoría del acción situacional de la conducta delictiva a la legitimidad policial, esto es, al deber de obedecer, y obtener sustento empírico en el contexto mexicano.

Finalmente, uno de los resultados más relevantes del trabajo se relaciona con las diferencias encontradas entre hombres y mujeres. Los resultados mostraron un mejor ajuste del modelo en mujeres que en hombres; de hecho, un mayor sustento para las mujeres del modelo de justicia procedimental de Tyler. En el caso de los hombres, de las variables sobre evaluación policial, lo único que resultó estadísticamente significativo fue la percepción de eficacia, mientras que en las mujeres se revelaron también el alineamiento moral y la justicia procedimental. Estos resultados sugieren que, para ellas, es más importante una intervención policial integral que sea eficaz, pero con los límites y el respeto debido a los ciudadanos. Por su parte, para los hombres el deber de obedecer se relaciona más con el miedo y la probabilidad de castigo vinculada con la eficacia de la institución policial. Partiendo de todo lo planteado sobre la motivación del deber de obedecer, este hallazgo podría ser un indicio del deber de obedecer normativo en mujeres y del deber de obedecer no normativo en hombres. Pero en definitiva se requiere profundizar sobre estos hallazgos en estudios futuros, con preguntas que permitan distinguir sobre la raíz de la percepción del deber de obedecer.

Por otro lado, los resultados de la influencia social fueron solo observados en las mujeres. En concreto, el modelo estimado para ellas mostró la influencia del contexto moral y de la cohesión social en la percepción del deber de obedecer; esto puede ser un aspecto central, incluso para explicar las diferencias entre hombres y mujeres observadas en las otras variables (justicia procedimental e influencia familiar). Si bien los resultados del presente estudio no permiten establecer la causa concreta de esta diferencia, puede intuirse que la misma se debe a las diferencias en los procesos de socialización que reciben hombres y mujeres, que hacen que ellas se preocupen más por la afiliación y ellos más por la autoafirmación (Leaper & Farkas, 2015). Esa situación daría sentido a este hallazgo en virtud de la mayor susceptibilidad de las mujeres respecto de la influencia social. No obstante, sería necesario analizar estas cuestiones en estudios futuros que den sentido a este resultado.

Otra diferencia entre hombres y mujeres en la que vale la pena detenerse es la influencia familiar en los adolescentes, pues para las mujeres parecen más importantes los vínculos positivos y para los hombres la supervisión parental. Si bien comprender las causas de estas diferencias excede los objetivos de este trabajo, este resultado podría estar relacionado con evidencia previa que sugiere que las mujeres reportan un mayor autocontrol que los hombres. Eso, a su vez, podría estar relacionado con una menor necesidad percibida de supervisión parental, por parte de los cuidadores, o bien, puede simplemente derivar del hecho de que los padres suelen utilizar diferentes estrategias de control en hombres y en mujeres (Shoenberger & Rocheleau, 2017). No obstante, el hecho de que en las mujeres se haya encontrado que los vínculos familiares positivos se relacionan con una mayor disposición a obedecer a la autoridad puede estar relacionado con los hallazgos de Wang et al. (2023). Aquellos reportaron que, en las adolescentes mujeres del entorno rural y no en los hombres, la ausencia de los padres se relacionaba con una menor disposición a obedecer normas, vinculando este resultado a una sensación de abandono y a las desventajas asociadas al mismo. Si bien nuestros datos no permiten establecer a qué se deben las buenas o malas relaciones familiares que reportan las encuestadas, es posible que para las mujeres las relaciones débiles con los padres se vinculen con ese sentimiento de abandono que también ocurre con la ausencia de los padres, según lo reportado por Wang et al. (2023). Sin embargo, esto debería estudiarse con más detalle en estudios posteriores.

La principal contribución del trabajo es la identificación de aspectos que pueden servir para mejorar las relaciones entre la policía y los adolescentes en la ZMG. De manera resumida los resultados sugieren que: 1) es necesario mejorar la imagen de la institución y para ello no es aconsejable hacer un mayor uso de la fuerza, sino mejorar la diligencia de los servicios prestados para aumentar la percepción de eficacia en los jóvenes y utilizar estrategias de justicia procedimental que hagan sentir a los ciudadanos que son tratados con respeto y dignidad; 2) es necesario concientizar a los padres y a los profesores del papel que juegan en la socialización legal de los adolescentes, pues la relación que tienen con adolescentes influye en su disposición a obedecer a la autoridad policial; 3) el desarrollarse en un contexto moral prosocial y pronormativo es necesario para el proceso de socialización legal de los adolescentes, así, las estrategias policiales serán inefectivas si no se trabaja en favorecer un ambiente que concientice y premie el hacer conductas prosociales y, en términos de Cialdini (2012), una sociedad en la que no todas las normas sociales sean imperativas; 4) son necesarias estrategias diferenciadas para hombres y mujeres, por lo que no debe asumirse, por ningún tipo de autoridad relacionada con los adolescentes, que las estrategias planeadas funcionarán y serán efectivas para todos de la misma forma.

Atendiendo al llamado de Tyler (2023), es necesario reflexionar sobre nuevas formas de autoridad que sean funcionales para lograr el control social, que faciliten el trabajo de los policías; ello especialmente en tiempos de cambio, incertidumbre y digitalización como los que vivimos y en un momento en que la policía es cada vez más cuestionada y requiere urgentemente mejorar su imagen para sobrevivir (Bolger et al., 2021). El proceso de erosión de la socialización legal en los jóvenes de América Latina, descrito por Alvarado (2015), puede estar muy relacionado con la mala imagen policial, pero también con una experiencia extendida en los jóvenes de injusticia distributiva. Esta se refleja en una aplicación desigual de la norma y en un uso desmedido de la fuerza policial aplicada en personas pertenecientes a ciertos grupos sociales (Silva, 2014). Por ende, futuros estudios deberían evaluar la interacción de estas experiencias, muy características de la acción policial y de la aplicación de justicia en México, con la percepción sobre la eficacia policial y la justicia procedimental que se encontraron con influencia, en el presente trabajo, en el deber de obedecer reportado por los adolescentes en la ZMG.

Si bien este trabajo no evalúa estrategias concretas para mejorar la relación con los jóvenes, existe evidencia previa que favorece la promoción de contactos positivos informales, como actividades organizadas entre jóvenes y policía, concursos, actividades lúdicas y de convivencia que pueden ser de utilidad en este sentido (Hinds, 2009). Además, desde la perspectiva integradora de la legitimidad (Hamm et al., 2017), de la que se partía en un inicio, no hay que olvidar que existen numerosas conexiones entre los conceptos que se vinculan dentro de la legitimidad con la que cuenta una institución (experiencias, evaluaciones, internalizaciones y reacciones). Esto implica que la institución policial no debe quedarse impávida ante la mala imagen que tiene en la población y los jóvenes son un grupo poblacional clave para comenzar a mejorar su imagen. Si bien la legitimidad policial no depende únicamente de la interacción con este grupo etario, el hecho de promover el contacto con los jóvenes bajo un paradigma de regulación del uso de la fuerza, eficacia y justicia procedimental podría reflejarse en el futuro en una mejor evaluación ciudadana de esta institución por parte de toda la población. En especial en un lugar, como la ZMG, en el que la delincuencia juvenil es un fenómeno con mayor relevancia que en otros lugares y en el que existe un alto nivel de tensión entre la institución policial y los jóvenes.


Agradecimientos


Agradezco la financiación y el apoyo proporcionado por la Fundación Mentte Cedat, la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco y el Comité Directivo del Estudio Internacional de Delincuencia Autoinformada. Así como también a los directores y estudiantes de las escuelas participantes por su participación para que fuera posible este trabajo. Agradezco las valiosas sugerencias y comentarios recibidos por parte de la Dra. Esther Fernández Molina, así como a los revisores anónimos quienes realizaron recomendaciones que mejoraron el trabajo.

Notas

 

*El trabajo se enmarca en el Estudio de delincuencia autoinformada en adolescentes en México (ISRD-3), correspondiente a la primera aplicación en México. El trabajo de investigación comenzó en noviembre de 2019 y terminó en diciembre de 2022. La investigación ha recibido financiación de la Fundación Mentte Cedat y la Universidad de Guadalajara. Área: ciencias sociales. Subárea: criminología.

 


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